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Penas de hasta cinco años de cárcel o multa, además de las demandas civiles que pueden realizar los municipios para cobrar los impuestos correspondientes y que incluso pueden terminar con el remate de la propiedad son algunas de las consecuencias a las que se exponen los propietarios de inmuebles que sirven de criadero del mosquito transmisor del chikunguña, el dengue y el zica.
El anuncio fue realizado por Augusto Salas, fiscal adjunto de Medio Ambiente del Ministerio Público, tras una reunión con representantes de los 19 municipios del departamento Central, de Capital, del Ministerio de Salud, del Senepa, la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio del Ambiente.
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Como resultado de la reunión se empezó a trabajar en un protocolo de actuación conjunta que especifica que se notificará a los propietarios y se dará un plazo de 48 horas, tras lo cual ya se tomarán las acciones penales. En caso de no recibir las notificaciones se recurrirá a los allanamientos y el procesamiento inmediato del o de los propietarios y ocupantes.
Salas recordó que los responsables se exponen a sanciones que van hasta 5 años de pena privativa de libertad o multa que alcanza hasta los 360 jornales mínimos, más de treinta y cinco millones de guaraníes.
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