Medidas alternativas para exdirigente deportivo involucrado en millonario desfalco de la Gobernación de Central

Juan Darío Cáceres Abbate (74), es amigo y correligionario del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), quien incluso lo contrató como funcionario durante su administración. El exdirigente deportivo fue imputado el 26 de septiembre de 2022, por lesión de confianza en carácter de cómplice.

Según el fiscal Juan Ledesma, que investiga el caso, el expresidente del club Sportivo Luqueño “habría emitido 5 facturas, por la suma total de Gs. 249.600.000, por servicios y bienes que no habría proporcionado, y habría facilitado las mismas para su utilización como respaldo documental de las rendiciones de cuentas”.

Ledesma consideró pertinente para Cáceres Abbate aplicar medidas alternativas a la prisión, como residir en un lugar determinado; comparecencia mensual ante el juzgado del 1 al 5 de cada mes; la prohibición de salida del país sin la autorización correspondiente y una caución real hasta cubrir la suma que el Juzgado correspondiente estime conveniente.

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En este sentido, el pasado 17 de febrero se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas y el juez especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmas, otorgó al imputado medidas alternativas a la prisión y la caución de un inmueble hasta cubrir la suma de G. 1.000 millones.

Fiscal incautó facturas de Cáceres

El agente Juan Ledesma manifestó que entre los documentos incautados durante los allanamientos realizados en la sede de la Gobernación de Central, aparece una rendición de cuentas del Consejo Regional de Salud de Central (representado por Hugo Cabrera en ese entonces, también imputado), donde constan cinco facturas pertenecientes a la “Metalúrgica Cáceres”, de Juan Darío Cáceres Abbate.

Según el acta de imputación, el luqueño facturó por varios servicios que en puridad no habrían sido proporcionados para el Consejo Regional de Salud, cuya oficina y parque sanitario están instaladas en la institución departamental en Areguá. Se sospecha de obras fantasmas. El perjuicio en el caso de Cáceres sería de G. 249.600.000 desembolsados a través de cinco órdenes de pagos a nombre del Consejo Regional de Salud.

Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001710 de fecha 25-02-2021, por G. 62.500.000 en concepto de “trabajos de mantenimiento de edificios”.

Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001711 de fecha 25-02-2021, por G. 32.400.000, en concepto de “revoque y pintura”.

Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001712 de fecha 25-02-2021, por G. 52.000.000, en concepto de “trabajos de electricidad”.

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Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001713 de fecha 26-02-2021, por G. 57.000.000, en concepto de “trabajos de plomería”.

Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-001714 de fecha 26-02-2021, por G. 45.700.000, en concepto de “trabajos metalúrgicos”.

Cáceres y otros presuntos proveedores, “habrían prestado su colaboración a la estructura delictiva, emitiendo y proporcionando facturas que contendrían ideas que no se corresponden con la realidad. Es decir, los bienes y/o servicios consignados en las facturas emitidas no habrían sido prestados por los mismos, y fueron utilizadas como respaldo documental de las rendiciones de cuentas por desembolsos efectuados por parte de la Gobernación”, sostuvo Ledesma.

El Ministerio Público investiga una segunda causa en la cual fueron desembolsados millonarios fondos por la Gobernación del departamento Central, durante la administración (inconclusa) del exgobernador colorado Hugo Javier González Alegre (cartista), en los años 2019 y 2020.

De los G. 24.000 millones desembolsados en los ejercicios fiscales mencionados, hasta ahora, el agente afirmó que G. 18.300 millones no tienen respaldo documental y habrían sido desviados a través de un “esquema delictivo” creado desde la Gobernación y que habría estado encabezado por González Alegre y otras 49 personas.

Según evidencias incautadas, más de G. 828 millones corresponden a facturas presumiblemente clonadas. Más de G. 14.203 millones corresponden a facturas emitidas en concepto de bienes y/o servicios presumiblemente no proveídas ni prestadas. Y más de G. 3.352 millones supuestamente ejecutados no tienen respaldo documental.