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La Resolución F.G.E. N° 1.582 del 14 de marzo, que deja sin efecto los nombramientos y ascensos de funcionarios dentro del Ministerio Público hechos entre diciembre de 2022 y el 8 de marzo de 2023, firmada por el flamante fiscal general del Estado Emiliano Ramón Rolón Fernández afecta a un total de 442 personas dentro de la institución.
Esa cantidad de funcionarios comprende 360 ascensos y nombramientos en total, además de 82 contratados. Entre el conjunto, se detalla además que 59 personas accedieron al cargo de asistente fiscal sin ningún tipo de concurso previo, pese a la reglamentación interna que está vigente, según expuso Rolón.
En este contexto Emiliano Rolón tildó de “desangramiento a la institución” lo ocurrido en los últimos tres meses de mandato de Quiñónez.
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De acuerdo con el listado remitido, de forma adjunta al informe de la Dirección de Gestión de Talento Humano, solo el 1 de diciembre e 2022 se registraron un total de 68 asignaciones, entre ascensos y nombramientos en distintos rubros del Ministerio Público.
En tanto que entre el 1 y el 22 de febrero de 2023 fueron ascendidas y nombradas en total 257 personas, también en distintos rubros por la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez. Y, entre el 1 y el 9 de marzo, se realizaron 34 asignaciones en varios cargos dentro de la estructura del Ministerio Público.
Así, se detalla además en el documento que durante los meses de diciembre de 2022, febrero y marzo de 2023, hubo un total de 206 ascensos, un conjunto de 115 nombramientos de contratos y 39 nombramientos nuevos, que totalizan 360 funcionarios.
Los empleados públicos ocuparon los cargos de asistente fiscal, auxiliar fiscal, relator, chofer, secretario fiscal, perito, técnico investigador, sicólogo, revisor, auditor, entre otros varios. De hecho que sin concurso 59 personas fueron contratadas como asistente fiscal.
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Acciones de “poco tino” frenan labor de Fiscalía
“Tenemos unas estadísticas, unas enunciaciones demasiados claras, ya que luego de la designación de este fiscal general del Estado en el mes de diciembre, tenemos un número ínfimo de nombramientos, pero en el mes de febrero se disparan inmensamente, con más de 200 funcionarios, y hasta el 8 de marzo se coparon todos los cargos presupuestarios con muy poco tino”, mencionó el fiscal general.
Calificó de inaudita la sicutación generada por su predecesora, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, quien en visperas de cesar en sus funciones al frente de la Fiscalía General haya hecho esos movimientos “para perjudicar la buena marcha de la institución”.
“Tenemos dificultad en movernos para atender aquellas cuestiones que son importantes para la comunidad, me pidieron casos emblemáticas, procesos e imputaciones selectivas, y no puedo ocuparme de esas cuestiones porque tengo que limpiar el camino”, subrayó.
En otro momento Rolón refirió que “califiqué de muy poco tino, porque me parece inadecuado, hasta falta de inteligencia el turbar el camino, cuanto menos me ofrecí a hacer un trabajo de transición”.
Ante la consulta de en qué momento se verán resultados, el fiscal general expresó que “la buena marcha se nota hoy con las nuevas determinaciones asumidas, pero la efectividad en poco tiempo todavía, primero tengo que solucionar los problemas internos”.
Acción contra la CGR, en la lupa
El fiscal general Emiliano Rolón afirmó que está convencido de que ninguna institución republicana debe estar exenta de control y reiteró su intención de estudiar la posibilidad de retirar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Contraloría General de la República por sus antecesores para eludir al ente contralor. “Yo tengo que examinar el contenido de esa acción a través del asesor jurídico (Arnaldo Martínez Prieto) a quien todavía no puedo asentarlo (...) por la dificultad que acabo de decir. Tengo un obstáculo en marcha. Una vez que tenga la opinión del asesor jurídico, experto constitucional sobre el tema, sobre la acción instalada, probablemente la tengamos que retirar”.
De cada 10 sedes que la fiscalía alquila, 8 “no sirven” según Rolón
El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández denunció hoy que el 80 por ciento de los locales alquilados por su predecesora Sandra Quiñónez no son funcionales como sedes del Ministerio Público. Lamentó que la institución no tenga presupuesto para construcciones y anunció que una de las prioridades de su gestión será la de dotar a sus agentes de mejor infraestructura para una investigación eficaz.
“La fiscalía se manejó siempre por contratos de alquiler, algunos inauditos inclusive inapropiados para el objetivo que se pretende. Nosotros pretendemos corregir porque actualmente tenemos cero prepuesto para construcción”, expresó el titular del Ministerio Público.
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Rolón no supo precisar cuánto es lo que la fiscalía gasta actualmente en alquileres, pero indicó que por lo menos el 80 por ciento son alquileres “que ni siquiera son funcionales”, según lo que manifestó.
Resaltó que al asignar a cada agente fiscal una “comarca, región o circunscripción”, es con el objetivo de que el Ministerio Público tenga su local propio en cada región, no como una simple oficina burocrática sino, esencialmente, que sea eficaz para la investigación penal.
Al respecto, admitió que esto significa que la Fiscalía General de la República debería dotarle a cada agente de tecnología suficiente y también, por lo menos, de un laboratorio forense, que es elemental para cualquier investigación.
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El titular del Ministerio Público indicó que éste es un proyecto ambicioso de su gestión, para los próximos cinco años, pero reconoció que tendrá que ir consiguiendo los recursos de forma gradual, ya que actualmente el presupuesto de la fiscalía para construcción es cero.
Finalmente, anunció que solicitará al Legislativo una ampliación presupuestaria y trabajará en una reprogramación inmediata para mejorar la infraestructura que tiene la institución. “La misión que hoy se asigna al Ministerio Público es mucho más amplia que hace algunos años y eso implica nuevas atenciones”, sentenció.