Más de 9.000 asuncenos dicen “no” al estacionamiento tarifado hasta tener un transporte público eficiente

El arquitecto Ricardo Meyer, candidato a diputado y uno de los principales proyectistas de la iniciativa popular contra el estacionamiento tarifado en Asunción, confirmó que hoy ya superaron las 9.000 firmas. Resaltó que la meta era alcanzar el mínimo requerido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, de 8.987 ciudadanos de la ciudad capital que apoyen la iniciativa.

Los proyectistas seguirán hoy juntando firmas y mañana realizarán la presentación oficial del documento ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral para la validación oficial antes de la remisión del proyecto de ordenanza a la Junta Municipal, como dictan las normativas vigentes en torno al derecho de iniciativa popular, contemplado en la Constitución Nacional.

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Meyer explicó que esta ordenanza, denominada “Contrapartida ciudadana”, consiste la suspender la aplicación del sistema de estacionamiento controlado y tarifado para la ciudad de Asunción y condicionar su aplicación a que la Municipalidad de Asunción organice un sistema de transporte eficiente para los ciudadanos.

Dicen “no” al estacionamiento tarifado hasta que hayan alternativas de movilidad

El proyecto indica que se debe tener una alternativa al “oneroso pago del estacionamiento”, el que con seguridad producirá un golpe económico a las familias asuncenas, en algunos casos de hasta G. 800.000 de manera mensual. El arquitecto Meyer indicó al respecto que, en teoría, el estacionamiento tarifado tiene como objetivo desalentar el uso de vehículos individuales, por lo cual la ciudadanía debe tener una alternativa y hoy el sistema de transporte público es ineficiente.

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“Una ordenanza no puede tener solo fines recaudatorios sin ofrecer alternativas para el transporte de la ciudadanía y por eso la contrapartida ciudadana es exigir la implementación del transporte público”, indica el documento digital para la recaudación de firmas.

La iniciativa también prevé otras medidas que preserven los derechos de los frentistas, los trabajadores y de todas las personas que se vean afectadas por la norma a aplicarse, de modo que la finalidad de la legislación municipal sea resolver el problema del transporte y el ordenamiento del tránsito, “sin estrangular económicamente a la ciudadanía”.