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Luego de la revisión de medidas solicitada por las distintas defensas de los procesados en el caso que se investiga una lesión de confianza de G. 18.300 millones, fondos transferidos por la Gobernación de Central a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el juez José Agustín Delmás se ratificó en las medidas cautelares impuestas con anterioridad, en concordancia con el fiscal del caso, Silvio Corbeta.
El magistrado José Agustín Delmás decidió ratificar las medidas alternativas a la prisión para los procesados Claudio Ceferino Robles Ibarra y su pareja Mercedes María Bogarín de Robles, con la salvedad que ambos procesados obtuvieron permiso para viajar a España por motivos de salud, dice la resolución del Juzgado Especializado.
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Ambos imputados son familiares de Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor del exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista). Tanto Robles Ibarra como el destituido jefe departamental están imputados y con arresto domiciliario en otra causa de lesión de confianza donde la Fiscalía investiga un desvío de G. 5.105 millones del fondo Covid-19.
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También, la defensa del imputado Andrés Aníbal Delvalle Cogliolo, exfuncionario de la Gobernación, solicitó revisión de medidas. Actualmente, el procesado tiene arresto domiciliario y su abogado pidió “medidas menos gravosas” para que el mismo pueda trabajar. Sin embargo, el juez Delmás se ratificó y concluyó que seguirá con arresto domiciliario.
Por otro lado, Edgar José Zaracho Quintana obtuvo medidas alternativas al arresto domiciliario y fue beneficiado por la libertad ambulatoria. Sin embargo, tiene prohibido salir del país sin autorización del Juzgado pertinente, deberá comparecer ante el Juzgado de forma mensual, se deberá dar por notificado de las audiencias o citaciones que se fijen, no deberá cambiar de domicilio y fue impuesta una caución de G. 100 millones.
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El caso investigado
Los hechos investigados por el Ministerio Público son lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no atenticos. El plazo ordinario para la presentación del requerimiento conclusivo venció en marzo y pero la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó un plazo extraordinario de seis meses, ya que aún estaba pendiente el informe técnico de cruces de llamadas de los números investigados, informe técnico de extracción de análisis de datos con autorización judicial de los aparatos electrónicos como el celular y laptop de los imputados.