Corte abre puertas de la Fiscalía a la Contraloría para auditar gestión de Sandra Quiñónez

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó que la Contraloría General de la República (CGR) audite la gestión de Sandra Quiñónez cuando estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, César Diesel Junghanns y Víctor Ríos, quienes conforman la Sala Constitucional, hicieron lugar al desistimiento de la acción de inconstitucionalidad planteado por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, el 28 de marzo de 2023, para que la Contraloría audite la administración de Quiñónez.

De esta forma, a través del AI Nº 721, la Sala Penal de la Corte ordena el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuestos por el AI Nº 113 del 25 de febrero de 2019, que resolvía a favor de la acción de inconstitucionalidad planteada ese mismo año por la entonces fiscala general, Sandra Quiñónez, a modo de que la Contraloría no audite su gestión.

Es así que con esta nueva decisión de la máxima instancia judicial, la Contraloría General de la República tiene “luz verde” para ingresar al Ministerio Público y llevar a cabo una auditoría a la gestión de la hoy ex fiscala general Sandra Quiñónez.

Lea más: Quiñónez acciona para que la Contraloría no le audite

Contraloría podrá auditar gestión de Sandra Quiñónez: “control debe hacerse siempre”, según Rolón

Tras presentar el escrito de desistimiento, el fiscal general Emiliano Rolón había manifestado que “la tarea de control debe ejercerse siempre. Todos nos sentiríamos mejor si cada tiempo se lleva a cabo un exhaustivo control, de forma de corregir los defectos, en caso de que los haya” y que el objetivo, con el retiro de la acción de inconstitucionalidad, es hacer realidad la política de puertas abiertas y transparencia en la Fiscalía.

En cuanto a la postura de Sandra Quiñónez respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada, Rolón resaltó en su momento que la auditoría de la institución a su cargo es una “misión constitucional” de la Contraloría General de la República, y que la tarea del Tribunal de Cuentas es distinta a la función de juzgar.

En ese sentido, había dicho que el mecanismo de la auditoría no debe tomarse como una negativa a un sistema, sino que se debe buscar la forma que redunde en beneficio de cada gestión. Además, destacó que una institución tan grande como el Ministerio Público necesita conocer sus falencias y someterse a controles que sean reales.

Rolón admitió que la Fiscalía “necesita ajustarse en muchos temas” y es por eso que, desde que asumió al frente de la institución, viene realizando varios cambios con el objetivo de “ordenar y organizar la casa”, a fin de que satisfacer la expectativa de gestión ciudadanía correcta.

Lea más: Control interno en Fiscalía estuvo “desactivado” durante gestión de Quiñónez

Acción de Quiñónez fue para evitar auditoría de la CGR

Sandra Quiñónez promovió la acción de inconstitucionalidad en febrero de 2019, en contra la Ley Nº 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Es decir, la entonces fiscala general del Estado buscaba que sea el Tribunal de Cuentas y no la Contraloría de la República el órgano que revise la ejecución presupuestaria del Ministerio Público.

Con la acción planteada, Quiñónez contradijo lo afirmado en la audiencia pública cuando concursó por el cargo de fiscal general del Estado, ya que había asegurado que permitiría que la Contraloría General de la República verifique su gestión administrativa en caso de dirigir el Ministerio Público.