Control interno en Fiscalía estuvo “desactivado” durante gestión de Quiñónez

Consultado con relación a las denuncias por supuestos hechos de corrupción que afectan actualmente a varios agentes fiscales como Lorenzo Lezcano, Ana Elizabeth Girala, Stella Mary Cano y otros, que ya están en etapa de juicio, el fiscal general Emiliano Rolón sostuvo que “la Fiscalía tiene una postura, un norte, el Estado de derecho”.

En este sentido, Rolón sostuvo que todos aquellos que se vean salpicados en casos de corrupción serán sometidos a las consecuencias que establecen las normas, esto “sin perjuicio de que existan algunas faltas administrativas y que deban ser investigadas, lo que se hace a través de la Inspectoría General, que es una institución que vamos a reactivar”.

También se refirió a que “el Consejo Asesor es otra entidad que debe funcionar” al tiempo de señalar que “hay mecanismos que debemos, necesariamente, poner en marcha para que esto tenga mejor andamiaje”.

Consultado si la Inspectoría General y el Consejo Asesor estaban desactivados durante la gestión de Sandra Quiñónez, el fiscal general Emiliano Rolón confirmó a ABC tal situación y subrayó que “nadie sabíamos de su funcionalidad y están previstos en su Carta Orgánica”.

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Lo que dice la Ley N° 1562 Orgánica del Ministerio Público

Tal como refirió el fiscal general del Estado, tanto la Inspectoría General como el Consejo Asesor, están previstos en la Ley N° 1562/2000 “Orgánica del Ministerio Público”, específicamente en el Capítulo III que trata sobre los órganos de control interno.

En ese sentido, señala el artículo 66 que el Consejo Asesor será presidido por el Fiscal General del Estado, e integrado por los fiscales adjuntos, cuatro agentes fiscales a ser elegidos por sus pares, y el administrador del Ministerio Público. Este órgano tiene como función principal constituirse en Tribunal de Disciplina para juzgar a empleados y funcionarios de la institución.

Entre sus otras funciones, tiene a su cargo el asesoramiento al fiscal general en los asuntos que él requiera y presentar una evaluación anual sobre la situación del Ministerio Público.

En cuanto al Tribunal de Disciplina, al que se alude en el artículo 68, se establece que será constituido por el Consejo Asesor cada vez que un funcionario haya incumplido obligaciones administrativas o con las instrucciones de sus superiores, cuyo proceso o juicio no corresponda a otra autoridad, dejando así el dictamen en manos del fiscal general del Estado.

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Inspectoría del Ministerio Público

En cuanto a la Inspectoría General, establecida en el artículo 69, el fiscal general es el encargado de nombrar al inspector que estará tres años en el cargo.

Este órgano del Ministerio Público tiene como principal objeto llevar a cabo investigaciones administrativas, ya sean estos de oficio o tras recibirse alguna denuncia, sobre cualquier hecho irregular que se haya cometido en el ejercicio de las funciones.

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Además, puede realizar las denuncias ante el Fiscal General del Estado cuando tenga elementos de sospecha sobre la comisión de hechos punibles en el ejercicio de las funciones por parte de cualquier miembro de la Fiscalía, y es el encargado de acusar al funcionario investigado ante el Tribunal de Disciplina.

Entre otras funciones, la Inspectoría General debe desarrollar programas permanentes de prevención de los actos de corrupción dentro del Ministerio Público.

Como se puede apreciar, ambos órganos según la Ley Orgánica del Ministerio Público cumplen un rol fundamental para la transparencia, pero estuvieron desactivados liberando así un espacio para la comisión de irregularidades por parte de los encargados de investigaciones y la persecución penal.

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“El que infrinja la norma tiene consecuencia”, dice Rolón

El fiscal general Emiliano Rolón sostuvo que “el que infrinja la norma tiene una consecuencia”, haciendo referencia a los casos de agentes fiscales y asistentes salpicados en hechos de corrupción. Amplió diciendo que “el que infrinja la norma tiene una consecuencia, las reglas del debido proceso y eventualmente vemos con las garantías constitucionales y procesales cómo culmina”.

En otro momento, el fiscal general manifestó que “no puede haber una postura particular, el Fiscal General no está para apañar ninguna conducta y ninguna ilicitud” y agregó que los involucrados “están sometidos al proceso, a lo que decida el proceso. Ahora están en diferentes etapas del caso y, los que llegan a juicio y llegan a la culpabilidad, tienen respuesta de la justicia”.