Burocracia: un proyecto de ley busca impedir que instituciones públicas pidan documentos expedidos por ellas mismas

Seguro te pasó. Fuiste a buscar un diploma de una institución pública y terminaste con una cantidad de trámites pendientes: certificado de estudios de secundaria, cédula y hasta partida de nacimiento. Todos documentos expedidos por el Estado, que ya fueron presentados al momento de inscribirse y ahora el Estado vuelve a solicitar. El Senado estudia hoy un proyecto de ley de simplificación de trámites administrativos que apunta a prohibir esta práctica. Así es el proyecto.

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La Cámara Alta tratará hoy en su sesión ordinaria el proyecto de ley de simplificación de trámites administrativos en organismos y entidades del Estado, presentado por la senadora Desirée Masi con el objetivo de reducir los tiempos y costos asociados a estos trámites y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública.

El proyecto, que figura en el punto 7 del orden del día, prohíbe a las instituciones exigir documentos que hayan sido emitidos por ellas mismas o que debieran estar bajo resguardo en sus archivos, explican.

También se mencionan los documentos exigibles, como solicitar el certificado de nacimiento y a la vez la cédula de identidad, o el certificado de estudios y a la vez el diploma de grado, o bien, los autos en una orden judicial de inscripción ante los Registros Públicos.

“Con este proyecto buscamos facilitarles la vida a los ciudadanos, reducir el tiempo y el costo que implica realizar un trámite. Además, queremos mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública”, afirmó la senadora Masi.

Más tecnología, menos burocracia y corrupción

El proyecto también contempla la introducción de sistemas tecnológicos que aportarán mayor eficiencia, transparencia y seguridad a la gestión pública.

Otro de los beneficios sería el ahorro de tiempo y recursos, al desburocratizar y eliminar procesos innecesarios, lo que agiliza los procedimientos.

Agregan que la simplificación y la desburocratización reducen la barrera de acceso a los procesos gubernamentales e incentivan la participación y mayor accesibilidad a largo plazo, debido a que el gobierno electrónico y la desburocratización pueden mejorar la accesibilidad a los servicios públicos, especialmente para personas con discapacidades, adultos mayores o que viven en zonas rurales o remotas.

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