Tras concluir oficialmente los trámites, la Contraloría General de la República presentará hoy ante la Fiscalía el informe de la fiscalización especial realizada al Instituto de Previsión Social (IPS). El documento contiene llamativos datos relacionados al presunto despilfarro de US$ 158 millones en el ejercicio 2022 y principios del 2023.
El viernes pasado, la Asesoría Jurídica del IPS también presentó previamente al Ministerio Público una solicitud de investigación ante los datos hallados.
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Los indicios más relevantes de irregularidades en el IPS
Entre los datos más llamativos encontrados, el subcontralor detalló que hallaron 9.355 bienes del IPS catalogados como “faltantes, no se sabe dónde están”. El valor de esos equipos de salud, laboratorio e informática es de G. 42.915 millones.
Así también, mencionó que encontraron la falta de gestión para la reparación o baja de bienes por G. 2.000 millones.
Además, en cuanto al combustible, detalló que no se contrató la rendición de cuentas de combustibles en generadores y vehículos, que superaban el valor de G. 47 millones.
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Por otra parte, un equipo de Control de Obras fiscalizó el Hospital Ingavi y detectó diferencias en dos contratos, uno de ellos data del 2017 inclusive, en un gobierno anterior.
“Se ha detectado diferencias entre la cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por valor de G. 1.432 millones; ese es un caso nada más en el tema de construcción de Ingavi”, enfatizó.
Incrementaron un préstamo y no rindieron cuentas de otro
Así también, el subcontralor mencionó que el Consejo del IPS aprobó un préstamo en una entidad bancaria por un total de G. 50.000 millones, “pero al final el contrato se suscribió por G. 65.000 millones más intereses, sin motivo alguno”.
Otra de las observaciones también está relacionada a otro préstamo. Señaló que, por ley, el IPS tiene ciertos mecanismos para contraer e informar créditos. Sin embargo, encontraron una línea bancaria por G. 425.000 millones que no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2022. “El IPS prestó y usó, pero no se introdujo el dinero en su presupuesto, como es su obligación. No tenemos ningún reporte de que haya sido así. Se utilizó el crédito y no sabemos los fines”, cuestionó.
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El trabajo de la Contraloría fue trabado en la administración anterior
Por otra parte, el subcontralor recordó que para realizar esta auditoría el IPS les presentó numerosas trabas en la anterior administración. Señaló que los informes fueron enviados luego de varios inconvenientes. “Es parte de lo que enviaron retaceando la información; tuvimos que llegar al punto de inflexión de solicitar a un Juzgado el auxilio de la fuerza pública”, enfatizó.
Contó que, mediante memos, la previsional intentó desalojar a los funcionarios de la Contraloría, que fueron luego trasladados a una oficina muy pequeña. “Tuvimos muchos inconvenientes para desarrollar nuestra labor; prueba de ello es el auxilio de la fuerza pública para tener la información”, cuestionó en contacto con ABC Cardinal.
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