Preliminar de fiscala Ana Girala por caso coima será la próxima semana

Para el miércoles 20 de septiembre, a las 8:00, fijó el juzgado de Garantías la audiencia preliminar de la fiscala suspendida Ana Elizabeth Girala López y otros cinco acusados por los presuntos casos de “apriete” en la Fiscalía de San Lorenzo. El Ministerio Público pide que la causa se eleve a juicio oral y público.

Ana Girala, fiscala suspendida de San Lorenzo, acusada de supuesta extorsión, coima y otros hechos punibles.
Ana Girala, fiscala suspendida de San Lorenzo, acusada de supuesta extorsión, coima y otros hechos punibles.ARCENIO ACUÑA

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La fiscala suspendida Ana Girala fue convocada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás para el miércoles 20 de setiembre, a las 8:00, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar en la causa que afronta por supuesta extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y persecución de inocentes.

Los demás citados para la diligencia son: la asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria de dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz. Ambas están acusadas como coautoras y cómplices de los hechos punibles atribuidos a Girala.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción también acusó y pide juicio oral para los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por los presuntos hechos de soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal, y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.

La acusación de 185 páginas presentada por el agente anticorrupción señala que la unidad fiscal a cargo de la agente Ana Girala funcionaba como un centro de operaciones de un grupo criminal dedicado a la extorsión y la coima, ya sea para beneficiar a personas procesadas o para inventar imputaciones contra inocentes.

Ana Girala dirigía “esquema de apriete”

La presente causa se inició el 17 de febrero de este año, con la imputación presentada por el fiscal Osmar Legal en contra de las abogadas Liz Martínez y Nélida Alcaraz, además de la secretaria fiscal Griselda Acha, por supuesto tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado (coima).

El 16 de febrero pasado se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.

La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechosas dejó al descubierto que la fiscala Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación.

Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaria fiscal de la Unidad Penal No 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.

Dinero y mesa de lapacho a cambio de imputar

Entre el 19 de octubre de 2022 y el 1 de diciembre de 2022, las acusadas fiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López y su secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz negociaron para imputar en una causa por producción de documentos no auténticos. Pidieron al denunciante, hoy imputado, Higinio Duarte Benítez, la suma de G. 30 millones para imputar al denunciado, pero recibieron G. 15 millones, según la acusación del fiscal Osmar Legal.

En la imputación a Duarte Benítez figura que entre el 11 y 17 de noviembre de 2022, esta persona entregó G. 15 millones a Girala por la imputación.

En esta causa, Acha habría intermediado por su pareja Higinio Duarte ante Girala diciendo: “Me dijo que quiere una imputación y va a haber algo si es así”, a lo que la agente le respondió: “No hay luego nada gratis”, pero que no podía imputar por una simple denuncia sin que antes se haga una pericia.

Como la suma exigida fue muy alta, negociaron hasta coincidir en G. 15 millones. Además, la agente del Ministerio Público también adquirió una mesa de lapacho para quincho por G. 2.500.000 de Duarte, por debajo de su costo real, lo que sirvió como parte del pago por el favor. A esto se suma que del imputado también intentaron obtener beneficios para “recuperar” la otra parte del dinero exigido, siempre según la acusación.

Imputación contra otros tres supuestos implicados

Además de presentar la acusación, el fiscal Osmar Legal formuló imputación por el hecho punible de soborno agravado en contra de Higinio Duarte Benítez, Alfredo Gustavo Aquino y Yennifer Basilisa Leite Escobar.

Con relación a Higinio Duarte Benítez, la imputación fiscal resalta que entre los meses de octubre y noviembre del año 2022 habría realizado tratos con la funcionaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz y, por su intermedio, con la fiscal Ana Elizabeth Girala López a los efectos de que ésta, a cambio de la entrega de sumas de dinero, formule imputación en el marco de la causa penal N° 9.803/2022.

El dinero en efectivo entregado fue de G. 15.000.000 a la funcionaria Acha Alcaraz y esta, a su vez, a la agente fiscal Girala López, quien posteriormente presentó la imputación en la causa penal, como habrían acordado, según señala la imputación.

Legal agrega que durante el mes de enero de 2023, tanto el abogado Alfredo Gustavo Aquino como Yennifer Basilisa Leite Escobar habrían mantenido contacto con la funcionaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, solicitando por su intermedio a la fiscal Ana Elizabeth Girala López que formule imputación en el marco de la causa penal N° 47/2023.

El dinero en efectivo entregado habría consistido en la suma de G. 10.000.000. Una vez asegurada la entrega, se procedió a la imputación pactada, según relata el agente anticorrupción en el acta presentada el lunes 14 de agosto.

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