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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso una fianza personal de G. 330 millones para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, quien tiene libertad ambulatoria en el proceso penal que afronta por presunta lesión de confianza en el caso metrobús.
“El juzgado tuvo en consideración que al inicio del proceso ya se ha decretado un embargo preventivo sobre los bienes de todos los encausados, que supera los 36 mil millones de guaraníes; a más de eso, también se decretó la inhibición de gravar y enajenar bienes de los imputados”, argumentó Otazú tras la audiencia de imposición de medidas.
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Además de la fianza personal, Jiménez Gaona tiene prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, debe presentarse entre el 1 y el 10 de cada mes para firmar el libro de actas judiciales, y en caso de viajar solo debe comunicar al juzgado de Garantías el tiempo que estará fuera del país.
El pasado jueves 6 de octubre, el juez Humberto Otazú impuso las mismas medidas alternativas a la prisión para la exviceministra de Finanzas del MOPC Marta Regina Benítez Morínigo y el exgerente del Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, los otros dos procesados por supuesta lesión de confianza con el caso metrobús.
Estado pagó US$ 29 millones por metrobús
Los ex altos funcionarios fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, quien en su acta de imputación señaló que del 2013 al 2018, Jiménez Gaona, en su calidad de ministro, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del MOPC, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA.
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En el acta de imputación, la agente fiscal resaltó, entre otras cosas, que el exministro no tenía los permisos de las comunas de Asunción y San Lorenzo para avanzar con las obras y habría iniciado las construcciones sin tener el diseño final de ingeniería presentado por Mota-Engil, el cual fue aprobado con observaciones porque la empresa fiscalizadora (Typsa-Incosa-Ingeneg) recomendó solo la aprobación provisional.
Sobre el punto, en el acta de imputación la fiscala María Estefanía González señala que se llegó a pagar US$ 29 millones a Mota-Engil, por obras que no cumplen las especificaciones del contrato y del pliego y que no son de utilidad a la ciudadanía.
La imputación del gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz, fue por casi los mismos hechos irregulares que salpicaron a Jiménez Gaona y la de Marta Benítez fue por permitir un encarecimiento del 35% en esta obra.
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Embargo de G. 109.000 millones de los procesados
En abril, el juez Humberto René Otazú ordenó, mediante su AI N° 48, el embargo sobre las cuentas bancarias del extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944, de cada una de ellas. El monto así totaliza G. 109.370.912.833.
La fiscala María Estefanía González consideró, con el fin de resguardar la recuperación de activos a favor del Estado, ya que que el presunto perjuicio patrimonial ascendería los US$ 29.000.000, la pertinencia de que se decrete el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias habilitadas a nombre de cada uno de los procesados en bancos y financieras de plaza.
En ese sentido, la fiscala expuso que en 2016, desde el MOPC fueron desembolsados 22 pagos por G. 57.979.979.340, mientras que en 2017 se desembolsaron 108 pagos por G. 22.759.638.729, y hasta el 15 de agosto de 2018 se efectuaron 65 pagos por valor de G. 28.631.294.764, totalizando de esta forma la suma de G. 109.370.912.833, durante la administración de los imputados al frente a la cartera de Estado.
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Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, el pasado 10 de abril, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza como autores y coautores, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.