La reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), que se realizó el martes de esta semana en Montevideo, Uruguay, fue meramente técnica, porque la Argentina intenta de nuevo justificar el cobro de peaje en la vía navegable, al plantear una profundización del nivel de la información proporcionada, explicó ayer el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez, en una entrevista.
Comentó que esa reunión se realizó en una condición diferente, más favorable; porque, si bien el peaje impuesto por Argentina no fue suspendido, no se está interdictando a ninguna embarcación, porque la exigibilidad del pago queda suspendida hasta un plazo de 60 días, que se cuenta desde finales de setiembre.
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Valdez agregó que esa prerrogativa otorgada a la navegación hizo que las mesas de negociaciones en el ámbito del Acuerdo de la Hidrovía tengan un matiz diferente y que es lo que se esperaba desde el principio para profundizar mejor las informaciones técnicas.
Añadió que lo que se busca es entender cuales son las obras alegadas por la Argentina en la Hidrovía Paraguay-Paraná, qué efectividad tienen esas obras en la navegación y conocer si se trasladan realmente a un valor y, sobre todo, cuál debería ser la estimación de ese valor.
Aclaró que, independientemente de lo acordado para realizar las verificaciones y control de las obras, ese ejercicio no implica de que cada delegación que haya asumido una posición contraria al peaje cambie de postura.
“Los trámites del reclamo siguen sus plazos, Paraguay continua avanzando en los distintos aspectos relacionadas a las cuestiones jurídicas, al igual que las otras delegaciones de la hidrovía”, agregó el titular del gremio de los armadores.
En otro orden, anunció que para el día 31 de este mes se tiene previsto retomar la reunión técnica relacionada a las operaciones de verificación y, en paralelo, siguen los demás trámites.
Preguntado sobre las noticias difundidas en el ámbito de la navegación vinculadas a las intenciones de Argentina de implementar nuevas medidas respecto al cabotaje, aclaró que no existe nada concreto y que hasta ahora dichas informaciones circulan como simples comentarios. “Lo que objetivamente se sabe es que esas intenciones de nuevas medidas tienen oposición en el propio sector privado portuario y granelero de la Argentina, porque agregarían sobrecostos a su importación de materia prima. Además ya son varios los meses en que lo están intentando y, al parecer, no tiene capacidad para cubrir esa demanda, está en veremos”, apuntó.