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El 4 de setiembre de 2023 el exsíndico Blas Velázquez presentó una primera denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la fiscala Natalia Cacavelos a quien acusó de haber incurrido en mal desempeño de funciones, por supuestamente no proveerle copias de la carpeta fiscal para poder defenderse y que, además, ordenó su detención para comparecer a la fuerza a una audiencia indagatoria, sin conocer los hechos del delito de lesión de confianza que le atribuyen.
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Este viernes 17 de noviembre de 2023, el ex sindico Velázquez nuevamente presentó ante el JEM otra acusación por presunto mal desempeño de funciones contra la fiscala Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad Penal N° 17 de la Sede 1. En esta ocasión, Velázquez alegó que la agente del Ministerio Público le imputó por lesión de confianza y otros delitos, a una persona a quien jurídicamente no correspondía el procesamiento.
La causa penal objetada por el exsíndico ante el JEM es la N° 8769/2018 caratulada “Blas Manuel Velázquez s/ S. H. P. de lesión de confianza y otros”.
Empero, la Cámara de Apelaciones, en setiembre pasado, ratificó el proceso penal abierto contra el exsíndico Blas Manuel Velázquez, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
Relato del supuesto mal desempeño de funciones
El denunciante Blas Manuel Velázquez refiere en su escrito ante el JEM que con relación al mal desempeño de sus funciones en el cual ha incurrido presuntamente la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, es por hacer “ejercicio abusivo de medidas cautelares de carácter personal, por ordenar su detención, como castigo por no haberse presentado a prestar declaración indagatoria”.
El denunciante sostiene que en este caso específico, la arbitrariedad es mucho más grave, en atención a que la agente fiscal denunciada, dictó una orden de detención fiscal, por no haberse presentado Velázquez, en las tres ocasiones en que fue citado a prestar declaración indagatoria, a pesar de que ya tenía abogado defensor, presentado ante el Ministerio Público, y este le puso a disposición al investigado y ha justificado su incomparecencia en las tres veces en que fue citado.
No autorizó la expedición de copias de la carpeta fiscal
También dice: Se debe tener especial atención que la fiscala Cacavelos Conigliaro no autorizaba la expedición de copias de la carpeta de investigación fiscal, violando el derecho y garantía constitucional de disponer dichos elementos para la preparación de la defensa, tanto material como técnica, por lo que el representante legal tuvo que urgir dicha expedición de copias.
El denunciante también alega que la conducta de la fiscala Cacavelos Conigliaro, es de clara inobservancia del principio de objetividad que debe regir al desempeño de los agentes del Ministerio Público, sobre todo en la etapa investigativa, por lo que “se está en un claro y manifiesto mal desempeño de funciones”, asegura.
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Imputación y orden de detención contra Blas Velázquez
El denunciante ante el Jurado explica que por Resolución N° 42/2023 del 1 de agosto de 2023, utilizando de “manera abusiva la herramienta procesal”, la agente fiscal ordenó la detención de Blas Manuel Velázquez, como una “suerte de castigo al imputado por no haberse presentado ante la Unidad Penal N° 17 de la Sede 1 de Asunción, a pesar de haber sido citado a prestar declaración indagatoria en tres ocasiones”.
Acta de imputación N° 13 del 31 de junio de 2023, refiere que los hechos que le atribuyen al exsíndico Blas Manuel Velázquez habrían ocurrido entre el mes de agosto del año 2017 y junio de 2019, aproximadamente.
Velázquez en su carácter de Agente Síndico de Quiebras de la Capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental SIFECA s/ declaración de quiebra”, habría solicitado al Juzgado en lo Civil y Comercial del 5° turno de la Capital, la autorización para proceder a la venta privada de una finca N° 12.091 del distrito de Mariano Roque Alonso, con una superficie de 2.456 metros cuadrados, inmueble que integraba el patrimonio de la fallida, por la suma de G. 31.000.000 a favor del Sr. Edgar Ramón Larramendia Vera.
Por AI N° 2.289 del 27 de diciembre de 2017, la jueza Julia Alonso autorizó al síndico interviniente a proceder a la venta privada de la finca citada a favor de Larramendia Vera.
La imputación refiere que la venta habría sido autorizada en razón de que el agente síndico habría dictaminado que al analizar minuciosamente la propuesta de compra, la Sindicatura concluyó que la oferta presentada por Larramendia resultaba ventajosa y conveniente.
Igualmente, -indicó el exsíndico- que la operación redundaría en beneficio de la masa concursal, ya que se trataba de una recaudación importante de dinero en efectivo, pagaderos al contado, lo que permitiría a dicha sindicatura avanzar en el proceso liquidatorio porque la quiebra precisaba de recursos económicos.
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Inmueble vendido anteriormente, según Fiscalía
Sin embargo, el inmueble ya habría sido objeto de una venta privada anterior en fecha 29 de mayo de 2009, con intervención del entonces agente síndico Juan Alberto Figueredo, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
Blas Velázquez, teniendo conocimiento de que la finca ya habría sido objeto de venta anterior por el doble del precio, habría omitido la existencia de dicha operación, procediendo así a una nueva venta, por el 50% menos del valor pagado por el primer comprador.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el monto de la primera venta (G. 71.000.000) ya habría sido abonado en su totalidad y la suma habría ingresado a los activos de la masa concursal, el síndico habría dispuesto el desembolso del monto abonado por los primeros compradores, presuntamente extrayendo así del activo de la fallida la suma de G. 71 millones.
La Fiscalía resalta que la conducta atribuida a Blas Velázquez habría producido un perjuicio patrimonial a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, que ascendería a la suma de G. 900.000.000, aproximadamente.
Síndico no confirmado en el cargo
El 21 de setiembre de 2021, la Corte Había comunicado al Consejo de la Magistratura, el vencimiento de mandato del entonces síndico de quiebras Blas Manuel Velázquez.
En su sesión del 14 de diciembre de 2022 el pleno de la Corte Suprema de Justicia ya no confirmó en el cargo a Blas Velázquez como síndico de Quiebras, cargo que ocupaba desde el año 2016, y designó en su reemplazo al Abog. Marcial Otilio Paredes Basualdo.
La decisión de no confirmar en el cargo a Velázquez se dio tras la publicación de nuestro diario sobre los escándalos que salpican al exministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, sobre todo referente a los millonarios despojos de inmuebles que el clan Fretes realizaba en connivencia con el entonces síndico de quiebras.