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La acusación de supuesto mal desempeño de funciones contra los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Alma Zayas, ambos de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue presentada ante el JEM el 8 de febrero pasado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, bajo patrocinio de los abogados Guillermo Ferreiro Cristaldo y Gilda María Portillo Vera.
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Como primera medida, el Jurado solicitó al fiscal Silvio Corbeta las copias digitalizadas de la carpeta fiscal de investigación, que es cuestionada ante el Jurado.
La causa abierta en el JEM en el número 17 del año 2024 caratulada “Miguel Prieto Vallejos c/ Abgs. Alma Belinda Zayas Acevedo y Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca, Agentes Fiscales de las Unidades Penales N° 01 y 08 Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital s/ Acusación”.
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El expediente judicial objetado está caratulado “Miguel Prieto Vallejos y otros s/ Lesión de confianza”, N° 4524/2020
Las primeras objeciones ante el JEM
Cabe resaltar -dice Prieto y sus abogados- que entre los actos investigativos pendientes se encuentra la declaración testifical de los denunciantes, pero el agente fiscal no explica qué hecho objetivo y verificable le impidió, en cuatro años, tomar una simple declaración testifical.
Además, la denuncia penal fue por sobreprecio, es decir, los denunciantes no tienen nada que aportar sobre la situación tributaria de los proveedores de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Esta es la muestra de que lo único que busca el agente fiscal es mantenerme procesado y separarme ilegalmente del cargo de intendente municipal de Ciudad del Este”, indicó Prieto.
El acusador ante el Jurado asimismo objeta que los agentes fiscales denunciados le han sometido a un proceso penal y han solicitado medidas cautelares privativas de libertad, describiendo hechos de terceros y utilizando documentos falsos, lo que constituye mal desempeño de funciones, aseguró.
Otros cuestionamientos a la imputación de la Fiscalía
En fecha 18 de julio de 2023 los agentes fiscales Silvio Corbeta y Alma Zayas imputaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el hecho punible de lesión de confianza.
El acusador ante el JEM cuestiona que la imputación no describe los hechos atribuidos a Prieto y a los demás procesados, la ausencia total de enumeración de elementos indiciarios en los que se basa y la “suposición” como único elemento de sustento, para terminar imputando por hechos atribuidos a terceros.
También acusa que la imputación breve y desordenada, bajo el título de “Relato sucinto de hechos” se encuentra plagada de afirmaciones genéricas que no describen hechos, se limita a efectuar juicios de valor o, cuando los describe, son hechos realizados por los representantes legales de la firma Tía Chela SRL y no hay un solo verbo atribuido al intendente.
Por el contrario, se termina imputando por supuestos hechos de terceros, lo que no está permitido en el Derecho Penal por mandato imperativo del Art. 33 del Código Penal, sostiene.
Otro cuestionamientos
También cuestiona que el relato de hechos se limita a describir los pasos administrativos normales de una compra por vía de la excepción para finalmente, mencionar sin siquiera hacer alusión a la documentación supuestamente analizada que la empresa Tía Chela SRL, proveedora de la Municipalidad de Ciudad del Este, “no habría tenido en su inventario la totalidad de la mercadería ofertada a la Municipalidad...”.
Asimismo refiere que si la empresa proveedora tuviese inconsistencias entre lo adquirido y lo vendido, puede deberse a innumerables motivos, pero lo más importante es que es un problema que incumbe a la empresa con el fiscal, y no a quienes son clientes de dicha empresa, ya sean del sector público o privado.
Los agentes fiscales denunciados están especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción por lo que saben perfectamente que han imputado sin describir algún hecho que le fuera atribuido a Prieto, lo que constituye persecución penal de inocentes, refiere la acusación ante el Jurado.
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La palabra “emisión” hicieron pasar por “comisión”
En otra parte de la acusación de mal desempeño, refiere que en el acta de imputación se encuentra un informe del Banco Continental, de una cuenta abierta a nombre del municipio habilitada el 10 de mayo de 2007 en el que se informa que un cheque por G. 1.769.790.000 girado a la orden de pago de Tía Chela SRL fue cobrado el 7 de abril de 2020.
Al dorso de este cheque se observa la firma de Fermín Ávalos, uno de los representantes del local comercial y además al anverso una escritura a mano que dice: “para comisión de Francisco Arrúa, quien es el director Administrativo de la Municipalidad” indican.
“Todo es falso, los fiscales mienten”, dice Prieto, y sostiene que acompaña a su escrito de acusación ante el JEM una copia autenticada de la nota del 25 de julio de 2023 remitida por el Banco Continental a la Municipalidad de Ciudad del Este, la cual dice textualmente: “Ok emisión c/ Francisco Arrúa Director Financiero” , que corresponde a un proceso interno de la entidad bancaria como medida de seguridad adicional para el pago de cheques por montos elevados..
“Los agentes fiscales “especializados” hicieron pasar dolosamente en el Acta de imputación la palabra emisión, que tiene 7 letras como la palabra comisión, que lleva 8 letras. O mienten malintencionadamente o sólo saben contar hasta 5″, refiere en su escrito de acusación presentado ante el Jurado.
Perjuicio patrimonial de casi G. 2.000 millones
El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), y a otros diez implicados por una supuesta compra fraudulenta de unos 25.000 kits de alimentos durante la pandemia.
Además, solicitaron el arresto domiciliario para el jefe comunal esteño.
Siempre según la imputación del Ministerio Público, la Municipalidad de Ciudad de Este habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
Adquisición debió hacerse por licitación pública
De acuerdo a la imputación, en base a dictamen de la entonces coordinadora de UOC Maggi Fariña, en marzo de 2020 el intendente Prieto Vallejos convocó una licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas para su distribución a familias de escasos recursos afectadas por la pandemia del covid-19.
El fiscal Corbeta sostuvo en ABC Cardinal que la vía de la excepción -un trámite más rápido y sin control de la Junta- no correspondía para la convocatoria, sino debía ser a través de una licitación pública nacional. También mencionó que Prieto Vallejos ya distribuía los kits de alimentos antes de la firma del contrato.
El entonces director de Desarrollo Social Sebastián Martínez y José Félix Cáceres fueron designados para integrar el comité de evaluación, que recomendó la adjudicación de la licitación a Tía Chela SRL.
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Corbeta indicó que la empresa adjudicada no contaba con capacidad técnica ni financiera para ganar un millonario contrato público, tras analizar sus movimientos comerciales a través de constancias en la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).
Inconsistencias en la adquisición de alimentos
Los datos de la investigación señalan que Tía Chela SRL a su vez había comprado parte de los alimentos a la firma Vanemi SA, y de contribuyentes denunciados como inexistentes por la SET. Sin embargo, las adquisiciones de Tía Chela SRL no alcanzaban el lote de alimentos contratado por la comuna esteña.
El fiscal Corbeta igualmente informó que a través de la oficina de Crimen Organizado de la Policía se descubrió, a través de un control aleatorio, que la mayoría de los beneficiarios con los alimentos que figuran en las planillas de entrega en realidad son residentes fuera del país o fuera de Ciudad del Este.
El equipo fiscal solicitó al juzgado el arresto domiciliario de los imputados, así como su incomunicación con otros funcionarios de la Municipalidad para no obstruir la investigación.