Indígenas enfrentados por trabajos de deforestación y mecanización en sus tierras

VILLA YGATIMÍ. Un sector de la comunidad indígena Itanaramí de este distrito denunció la deforestación de más de 300 hectáreas de la reserva natural, mientras otro grupo que apoya al líder Rubén Vera está de acuerdo con los trabajos de mecanización para lograr ingresos a fin de cubrir las necesidades de la población. Habría encubrimiento de las instituciones de control a la destrucción de los bosques en la propiedad de los nativos.

Parte de la zona que está siendo deforestada en el asentamiento indígena Itanaramí, de Villa Ygatimí
Parte de la zona que está siendo deforestada en el asentamiento indígena Itanaramí, de Villa Ygatimí

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El docente Rafael Rojas denunció que fue amenazado de muerte por revelar un esquema liderado por el cacique Rubén Vera y un tal Germán Santacruz, que lleva deforestando más de 300 hectáreas de la reserva natural de la comunidad Itanaramí, del distrito de Villa Ygatimí, según dijo.

“Ellos dos manejan el negocio del arrendamiento y el derrumbe de árboles y los demás les siguen, yo debo transitar lejos para llegar a mi escuela y temo por mi vida porque me amenazaron de muerte”, reveló.

El educador señaló que la ley prohíbe el arrendamiento de tierras indígenas, por lo que pide a las autoridades que intervengan de forma inmediata para evitar que toda la reserva natural sea destruida con el aval de los dirigentes de la localidad.

Sin embargo, el líder Rubén Vera dijo que los trabajos de limpieza están totalmente informados a las autoridades del Instituto Forestal Nacional (Infona), al Instituto Nacional del Indígena (INDI) y al Ministerio Público.

Aseguró que contrataron una pala cargadora para concretar las labores aclarando que sólo se trata de limpieza de campo y no deforestación a fin de producir sembrando cultivos de renta ya que es poca la ayuda que reciben los indígenas y hay muchas necesidades.

El proceso que se está realizando en Itanaramí sería igual a la practicada en decenas de propiedades indígenas de Canindeyú, donde los líderes arriendan de manera irregular las tierras comunitarias para cultivo de soja y otros rubros, con la complicidad de las instituciones de la zona y del propio Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). La Constitución Nacional prohíbe el arrendamiento de tierras indígenas (Artículo 64) pero en la práctica miles de hectáreas están en manos de productores, brasileños en su mayoría, que manejan dichas tierras con un mínimo de pago a sus dueños, y mucha coima a los entes de control.

En la jornada de ayer lunes, adherentes del líder, Vera, se congregaron para apoyar los trabajos.

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