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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y exintegrantes de su gabinete y funcionarios de Seprelad tiene 60 páginas. El caso está siendo impulsado por el fiscal Aldo Cantero, uno de los involucrados en el caso “audios friltrados” del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y siempre ligado al cartismo.
En el documento solo se presenta como prueba una considerable cantidad de publicaciones periodísticas y se menciona a tres testigos: Derlis Ruiz, Inés Yambay Zárate y Rocío Peña, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que supuestamente afirman que fueron “obligados a incluir datos en informes”.
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Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti cuestionan reiterativamente en el documento que se filtraron tres casos puntuales:
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- Los pagos de Horacio Cartes a Santiago Peña
- Los pagos del Grupo Cartes a Óscar Boidanich, titular de Seprelad bajo el gobierno de Cartes y que cuenta con un proceso abierto en Fiscalía, que nunca avanzó
- Que Panamá pidió informes sobre Horacio Cartes tras las publicaciones de #PandoraPapers
En el escrito fiscal se asegura que el excomandante de la Policía Luis Arias y el comisario general Luis López fueron obligados a socializar un documento en que Panamá pedía informes sobre Horacio Cartes.
En ningún momento se argumenta la imputación por denuncia falsa, pero se toma como falsas causas que se encuentran aún encajonadas en el Ministerio Público. Tampoco los fiscales cuestionan ni indagan en el contenido de esas filtraciones que están siendo observadas.
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Menciones de la prensa
En la imputación, los fiscales hablan en 41 ocasiones de los medios de prensa, mencionando a ABC Color 25 veces y a Última Hora 14 en total. En el organigrama del esquema supuestamente delictivo y encabezado por Mario Abdo Benítez, ponen como destinatario final a la prensa.
La imputación incluye una comparación entre informes de prensa y del abogado y portavoz de la Fiscalía, Gunter Krone. El documento tiene 60 páginas, 59 más que el acta contra Hernán Rivas en el caso del título falso.
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No saben si Marito tiene fueros. ¿Y Cartes?
Los agentes fiscales, al solicitar las medidas, indican que “no saben” si Mario Abdo tiene fueros; es decir, evitan sentar postura al respecto.
En ese sentido, cabe recordar que uno de los argumentos de la defensa de Horacio Cartes para evitar investigaciones en su contra es que supuestamente los tiene.
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Imputados por desprestigio y descrédito a Horacio Cartes
Es sumamente llamativa la cantidad de veces que los fiscales utilizan de manera textual la frase: “Desprestigio al expresidente de la República y a las empresas vinculadas al mismo”. Al mismo tiempo, reiteran la siguiente oración: “Desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”. Es decir, por ello se imputa a Mario Abdo y sus funcionarios.
Por otra parte, también se cuestiona en 51 ocasiones que se haya socializado datos de Tabacalera del Este (Tabesa) y mencionan 40 veces a Óscar Boidanich, quien ocultó el informe de Darío Messer cuando era titular de Seprelad.
En el acta se hace gran énfasis sobre los medios de prensa y de comunicación como destinatarios finales de la filtración.
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Aldo Cantero y sus antecedentes
En 2017 se había difundido un audio en el cual se indicaba que el entonces senador Jorge Oviedo Matto pidió al fiscal Aldo Cantero imputar a cuatro personas en el caso de la quema del Congreso. En el audio incluso se menciona a José Ortiz, fiel empleado de Horacio Cartes.
Cantero estuvo involucrado en varias otras causas y enfrentó denuncias que no prosperaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Los imputados
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles.
La imputación se presentó por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Llamativamente, esta acción fue presentada después de la Convención del Partido Colorado y mientras el fiscal general de la República, Emiliano Rolón, se encuentra fuera del país.
El abogado de Cartes, Pedro Ovelar, presentó en total tres denuncias. La última fue en contra de filtraciones que aparecieron en una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).