/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/4GNRUJCQGFCDNFOKY5VMXQIE5I.jpeg)
Cargando...
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti hicieron pública ayer una imputación cargada con toda la artillería de una llamativa diligencia investigativa tras una denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Manuel Cartes Jara. Se trata de la apertura de un proceso penal por los supuestos hechos punibles de revelación de secretos de servicio (filtraciones), inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal contra el expresidente Mario Abdo Benítez, el extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y el extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández.
El documento de unas 60 páginas, en el cual también se procesa al actual diputado colorado Mauricio Espínola (exsecretario privado de Abdo Benítez) y exfuncionarios de la Secretaria de Seprelad Carmen Pereira Bogado, Francisco Pereira Cohene y Guillermo Preda Galeano, además del exasesor de Ministerio del Interior Daniel Farías Kronaweter, presenta un relato sobre un supuesto esquema gestado por Abdo Benítez que “aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral” (sic).
Lea más: “Una vendetta más de Cartes”, dice Soria sobre imputación de Marito
Según el acta de imputación, un informe de Seprelad elaborado con relación al expresidente Horacio Cartes y en el cual hacían mención a una presunta red dedicada al lavado de dinero habría sido filtrado para ese fin, “ocasionado un gran desprestigio al expresidente de la República y a las empresas vinculadas al mismo”. Sin embargo, en el relato fiscal en ningún momento se desmienten los datos consignados y más bien solo indican que existió cierta “rebeldía” de uno de los funcionarios para agregar detalles como transferencias millonarias de empresas ligadas a Cartes al imputado extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, y al actual presidente de la República, Santiago Peña.
Unite al canal de ABC en WhatsApp
Un punto grave es que dentro del organigrama elaborado por la Fiscalía se ubica a medios de comunicación en una aparente intención por amordazarlos. Más llamativo es que mientras esto ocurre, no hay rastros ni antecedentes de causas abiertas por el propio Ministerio Público contra Cartes o Boidanich. Este último enfrenta precisamente un proceso por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero.
El origen de todo
El acta de imputación relata que Abdo Benítez, para llevar adelante su objetivo de supuestamente “perseguir” a Cartes, habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (ex agentes fiscales del Ministerio Público). Tal es el caso de Arregui, Fernández y Giuzzio, este último que enfrenta otro proceso penal por presunto cohecho pasivo (coima).
Un punto contradictorio es que mientras el acta de imputación habla de estos “especialistas en investigación”, gran parte del relato fiscal y supuesto origen de los hechos punibles se basan en la filtración de un pedido de la Fiscalía de Panamá de antecedentes judiciales y policiales sobre Horacio Cartes. Esta solicitud de datos se habría hecho en el marco de una aparente investigación abierta contra el titular del Partido Colorado luego de las filtraciones del Pandora Papers.
Lea más: Cartes pretende blanquearse con imputación a Mario Abdo y sus ministros, sostiene Giuzzio
El exmandatario creó en el año 2011 la offshore Dominicana Acquisition SA en Panamá. Esta empresa de portafolio, sin embargo, no aparecía en sus DD.JJ. cuando asumió y dejó la presidencia de la República del Paraguay, entre 2013 y 2018.
En este sentido, otro punto curioso y que llamativamente cuestiona la Fiscalía en el acta de imputación es que en la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía panameña a través de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat “se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá” (sic).
Es decir, la Seprelad –para la Fiscalía– debía “ocultar” y “seleccionar” la información que tenía referente a Horacio Cartes.
Molestia por agregar los pagos a Peña y Boidanich
Lo cierto es que a partir de la supuesta filtración del requerimiento de la Fiscalía panameña, el acta de imputación contra Mario Abdo y equipo deja al descubierto otras molestias con relación al trabajo de Seprelad. En el relato fiscal se menciona que el exsecretario anticorrupción René Fernández y Daniel Farías Kronawetter –un funcionario de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), pero “comisionado” al Ministerio del Interior– tuvieron a su cargo la supuesta elaboración y la filtración de un borrador de un informe de inteligencia con relación a Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa).
Lea más: “Es una imputación política y sin fundamento jurídico”, dice Arregui
Según el documento del Ministerio Público, en ese informe aparecían las transferencias millonarias al actual presidente Santiago Peña y el exjerarca antilavado durante el gobierno de Cartes, Óscar Boidanich. La Fiscalía dice que esos datos habrían sido filtrados presuntamente por Fernández y Farías y que fue usado PRIMERO en un discurso político por el entonces presidente Abdo Benítez, quien había dicho que “Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 (dieciséis millones de guaraníes) a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio”.
En segundo lugar, de acuerdo al relato fiscal, aquello habría servido de base para publicarse en el diario Última Hora “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich” y, en tercer lugar, “a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, MAURICIO ESPÍNOLA –actual diputado–, quien habría publicado en su red social X 14 datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa” (sic).
Lea más: Imputación a Mario Abdo y exfuncionarios: filtración es parte de un plan contra HC, según Ovelar
El acta de imputación añade que esos mismos datos luego fueron utilizados para la emisión del Informe de Inteligencia enviado y que estuvo a disposición del Ministerio Público desde el 20 de mayo de 2022. La Fiscalía dice en otra parte de su imputación de ayer que tanto Boidanich como Peña fueron incluidos “a pesar de que dichas personas no revestían el carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia” (sic).
Causas contra HC que duermen en la Fiscalía
El expresidente Horacio Cartes tiene varias causas en su contra que duermen en el Ministerio Público. Una de ellas es la causa penal Nº 15/2022, caratulada: “Investigación fiscal s/ h.p. de contrabando y lavado”. Esta carpeta fue abierta luego de que el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentara una denuncia penal contra Cartes por los supuestos hechos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La denuncia hace referencia a una red montada supuestamente por el expresidente para lavar activos provenientes presumiblemente del contrabando de cigarrillos.
Otra causa penal contra Cartes es la Nº 7510/2021, caratulada: “Investigación fiscal s/ declaración falsa”. Esta carpeta fue abierta tras la denuncia presentada por el expresidente del PLRA, Efraín Alegre, el 7 de octubre de 2021 luego de que se conociera que el exmandatario “olvidó” incluir en sus Declaraciones Juradas (DD.JJ.) –cuando asumió y dejó la presidencia– su empresa de “portafolio” Dominicana Acquisition SA, registrada en el año 2011 en Panamá.
Cartes, actual presidente de la ANR, tuvo que “blanquear” esa compañía tras la filtración de “Pandora Papers”, cuya publicación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En Panamá sí se abrió una pesquisa por presunto lavado de dinero y ello quedó evidenciado con el pedido de cooperación efectuado por la fiscal panameña Lizzie Bonilla a sus colegas paraguayos.
También existe una causa penal Nº 02/2022, caratulada: “Investigación fiscal s/ s.h.p. de violación de la ley 4024/2021 y sus modificaciones”, que fue abierta por el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández, con respecto a la presencia de un avión iraní con vínculos terroristas. La aeronave fue retenida en Buenos Aires en junio del 2022; estuvo en territorio paraguayo entre el 13 y el 16 de mayo de ese año.
De acuerdo con los datos, a bordo del avión llegaron al aeropuerto Guaraní de Minga Guazú 18 tripulantes, 11 de ellos venezolanos, y los restantes 7, iraníes. Entre los iraníes figuraba el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, quien posee vínculos con la Fuerza Quds. El argumento para realizar la escala en Paraguay fue transportar una carga de cigarrillos fabricados por Tabesa. También se le debe incluir la causa penal Nº 314/2018 innominada “sobre lavado de dinero, inc. 1 y otros”.
Lea más: Estas son las denuncias contra Cartes que duermen en Fiscalía, según Masi
Un supuesto pedido de dinero: “Aldo canta 50″
Aldo Cantero es uno de los agentes del Ministerio Público salpicado en el caso “audios filtrados” del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que destapó la podredumbre existente en el Poder Judicial y los organismos vinculados a la justicia local.
De acuerdo con audios divulgados por ABC Cardinal en el 2017, el exsenador por el partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), Jorge Oviedo Matto, funcional en ese entonces a Horacio Cartes, pidió al fiscal Aldo Cantero que impute a cuatro personas por la quema de Congreso en jornada que culminó con el atraco policial a la sede del PLRA y el asesinato del joven dirigente liberal, Rodrigo Quintana.
En la grabación se escucha al abogado Carmelo Caballero decir que “Aldo Canta 50″, para entender en el pedido que había hecho el senador Oviedo Matto, en aparente alusión a una solicitud de “50 millones de guaraníes”.
Supuestamente, las negociaciones para conseguir las imputaciones por la quema del Congreso se dieron en medio de conversaciones para apoyar la reelección de Javier Díaz Verón como fiscal general del Estado.
En varios pasajes el abogado Carmelo Caballero destaca el apoyo del fiscal general para lograr las imputaciones. Lo mismo hacía Raúl Fernández Lipmann, exsecretario del JEM condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se menciona en el diálogo entre ambos que el gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), José Ortiz, le dijo a Cartes, que Díaz Verón ayudaba mucho con el tema y que, aparentemente, eso dio sus frutos.
Más de 40 veces citan a la prensa
El acta de imputación presentado por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti contra Abdo Benítez y otros tiene una llamativa insistencia sobre publicaciones de la prensa. Durante el relato de los supuestos hechos punibles se menciona más de 40 veces a los medios de comunicación o medios de prensa que supuestamente accedieron a los datos sobre el presidente Horacio Cartes, que no fueron desvirtuados.
Además de la insistencia por la publicación en la prensa, otro punto bastante curioso es que el documento de la Fiscalía prácticamente cuestiona a la Seprelad por compartir datos de inteligencia financiera de Horacio Cartes a través de la red segura Egmont, con FinCen (Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU.) y la Sepblac (Unidad de Inteligencia Financiera de España).
Lea más: Para Cartes, “salud del Paraguay” depende de “salud del Partido Colorado
Los testigos y las diligencias
La imputación fiscal también hace una mención a la declaración de cinco testigos: tres funcionarios de la Seprelad y dos comisarios. Los tres funcionarios de la dependencia antilavado son Inés Yambay, Rocío Peña y Derlis Ruiz Báez. Este último aparece en varias parte del relato como el analista encargado de agregar datos al informe.
Ruiz figura en una sola parte negándose a agregar datos de Peña y Boidanich. El comisario Luis López y el excomandante de la Policía Luis Arias también testificaron.
La imputación igualmente menciona trabajos como de Gunther Krone Franco, encargado de la Dirección de Análisis de Información Estratégica del Ministerio Público, en el cual se concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y una publicación de ABC.