Juez del Chaco sobresee a diputado cartista acusado por desvío de G. 853 millones

El juez de Paz de Benjamín Aceval (Chaco) Roberto Carlos Ferreira dictó el sobreseimiento definitivo del diputado Rubén Antonio Rousillón Blaires, exgobernador de Presidente Hayes, del proceso penal por presunta complicidad en el cobro irregular de 42 cheques de la institución departamental, que causó un daño patrimonial de G. 853 millones a la Gobernación, según la acusación del Ministerio Público.

Esta causa penal que afronta Rousillón Blaires se desprende del proceso que terminó con la condena a 11 años de cárcel para el otro exgobernador Óscar “Ñoño” Núñez, junto con cinco acusados de supuesta lesión de confianza, entre ellos la esposa del legislador colorado Nancy Genoveva Núñez de Rousillón (6 años); hallados culpables del desvío de G. 42.500 millones de la gobernación, entre los años 2008 y 2013.

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Según la acusación ratificada al inicio de la audiencia preliminar por la fiscala Belinda Bobadilla, el diputado por el Partido Colorado realizó las extracciones de recursos de la institución departamental durante la administración de Óscar Venancio Núñez, cuando su esposa Nancy Núñez se desempeñaba como secretaria de Administración y Finanzas, e incluso firmó 32 cheques con el entonces jefe departamental.

El caso fue a parar al juzgado de Paz del distrito ubicado en Departamento de Presidentes Hayes, en el Chaco, luego que la Cámara de Apelaciones anulará una resolución del juez penal de Garantías de Villa Hayes que tenía la causa, Cristian González. Entonces, como todos los jueces de la capital departamental ya habían intervenido en el proceso, fue designado el magistrado Roberto Ferreira.

Juez analizó pruebas presentadas por diputado colorado

En la audiencia preliminar el juez de Paz de Benjamín Aceval analizó las facturas y boletas de remisión presentadas por la defensa de Rousillón Blaires, como descargo, al Ministerio Público, y concluyó que los cheques expedidos por la Gobernación de Presidente Hayes están justificados.

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Es decir, a criterio del magistrado los 42 cheques de la Gobernación, efectivizados por Rubén Rousillón, fueron en concepto de pagos por la provisión de combustible a la institución departamental, por parte de la estación de servicios que pertenece al ahora diputado por el Partido Colorado.

Las facturas y boletas de remisión de combustibles, por pagos realizados por la Gobernación de Presidente Hayes al surtidor que tiene el procesado fueron presentadas por la defensa al Ministerio Público, durante el plazo de sobreseimiento provisional, que tras analizar estos documentos, la fiscalía excluyó 2 cheques de los elementos probatorios presentados con la acusación.

Al dictar el sobreseimiento provisional de Rubén Rousillón Blaires, el entonces juez de la presente causa penal Cristian González había ordenado la realización de tres diligencias: informe de los movimientos financieros de la empresa que pertenece a la familia de Rousillón Blaires, contrato del emblema Copetrol con el surtidor del procesado y el contrato de la Gobernación de Presidente Hayes con dicha estación de servicios.

La resolución íntegra del juez de Paz Roberto Ferreira será entregada a las partes el miércoles 24 de abril, a las 10:00. Una vez que reciba la notificación correrá el plazo de 5 días hábiles para que el Ministerio Público presente apelación en contra del sobreseimiento definitivo de Rousillón Blaires.

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Cobro irregular de cheques, según acusación fiscal

La acusación fiscal presentada por el agente Luis Said y ratificada en la audiencia preliminar por la agente Belinda Bobadilla, señala que Rubén Rousillón intervino, entre los meses de febrero de 2010 y noviembre de 2011, en el proceso de efectivización de 42 cheques de las cuentas de la gobernación chaqueña, sin tener justificativos legales sobre eventuales prestaciones de servicios o provisión de bienes que el acusado haya realizado en favor de la institución, de acuerdo a la hipótesis ratificada al inicio de la preliminar por la agente Belinda Bobadilla.

Agregó que, si bien Rubén Rousillón no tenía ninguna asignación en carácter de funcionario de la institución departamental, en el periodo de 2008 a 2013, tenía un vínculo matrimonial con quien ejercía la función de secretaria de Administración y Finanzas; y, a través de esta conexión, se han dado las numerosas situaciones en la que él mismo ha extraído recursos económicos de la Gobernación de Presidente Hayes, sin haber prestado servicio o proveído bienes a esa institución.

La fiscala anticorrupción resalta que, con su aporte, Rousillón habría ayudado a los responsables de la gestión administrativa Óscar Núñez y Nancy Núñez a causar daño al patrimonio de la citada institución en la suma de G. 853.540.786.

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Dicho monto debía ser destinado para cubrir varias necesidades, considerando que se trata de un departamento con “carencias significativas”, puntualiza la acusación de la fiscalía.