Este año, que está por finalizar, fue uno de los más nefastos para los productores frutihortícolas del país. En la primera zafra, los tomateros sufrieron pérdidas millonarias debido a los efectos climáticos. Durante la segunda zafra, enfrentaron una superproducción causada por la mala planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Ahora, en la última cosecha del año, el contrabando agrava aún más la crítica situación del sector.
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Los agricultores acumulan deudas millonarias y, en muchos casos, han tenido que vender sus bienes para poder solventar los créditos adquiridos.
El joven productor de tomates, Carlos Escobar, relató que este año obtuvo un crédito de G. 500 millones para construir 40 invernaderos con más de 30.000 plantas. Su inversión se realizó con la esperanza de que el Gobierno garantizara la comercialización de los productos, pero la realidad ha sido completamente distinta.
Escobar explicó que este año registró pérdidas millonarias en sus fincas y actualmente tiene un saldo de deuda de aproximadamente G. 100 millones, cuya forma de pago aún desconoce. Además, mencionó que unas cinco familias dependen directamente de sus cultivos y de las ventas de tomates.
Según el productor, actualmente el precio del tomate en finca ronda los G. 6.000 por kilo, pero el ingreso masivo de productos de contrabando amenaza con provocar una nueva caída en los precios.
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Carlos Escobar pidió que el Presidente de la República Santiago Peña tome medidas drásticas contra los funcionarios corruptos del MAG y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), a quienes responsabiliza del abandono que sufren los agricultores.
Intentamos hablar al respecto con el director de Comercialización del MAG, ingeniero Ernesto Sotelo, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.