En la sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal de Asunción aprobó una minuta por la que solicitan al interventor, Carlos Pereira, informes respecto de las obligaciones financieras contraídas por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), y sobre las negociaciones que llevan adelante con los acreedores de la comuna. La minuta incluye los bonos, los préstamos de corto plazo y otras obligaciones.
El concejal Álvaro Grau (PPQ), uno de los integrantes de la Comisión de Legislación, que presentó la minuta, explicó que solicitan al interventor el cronograma de vencimiento de los bonos, la copia de los contratos con los representantes de los obligacionistas, desde los bonos G6 en adelante.
Grau agregó que solicitan también los saldos pendientes de pago de los préstamos por déficit temporal de caja, así como los contratos con las entidades bancarias, ante el conocimiento de que se habrían puesto en garantía bienes municipales. Grau recordó que esos contratos nunca fueron aprobados por la Junta, por lo que los considera espurios.
El concejal opositor pidió que la minuta sea elevada a la intendencia con la mayor celeridad posible para que, en un plazo de 7 días, antes de que termine la intervención -el 23 de agosto- sea respondida.
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Piden informe sobre las gestiones
El concejal Humberto Blasco (PLRA), señaló que la minuta además pide informes respecto de las negociaciones que llevó adelante el interventor en los más de 50 días que ya le tocó estar al frente de la Municipalidad, con los acreedores de la comuna.
“La respuesta de los bonistas a la cesación de pagos de la Municipalidad Asunción está en manos de la asamblea de bonistas, que se reunió y llamó a un cuarto intermedio y entiendo que estarán conversando para ver cómo soluciona este asunto”, agregó.
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Blasco explicó que, de ser favorable, la asamblea tendrá que volver a reunirse y homologar los acuerdos a los que llegue con la comuna. En caso de ser desfavorable, la asamblea, en una nueva reunión, podría resolver demandar a la comuna.
Respecto de las consecuencias que podría tener una demanda contra la Municipalidad, Blasco señaló que todavía las desconocen, teniendo en cuenta que la Junta Municipal no tiene acceso a las condiciones negociadas por la administración de Rodríguez.
Junta pide acceso a documentos de la intervención
La Junta Municipal aprobó además la conformación de una comisión especial que pueda acompañar la verificación de la documentación a la que tuvo acceso el interventor, Carlos Pereira, sobre la trazabilidad de los G. 500.000 millones de los bonos para obras desviados por la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez.
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La concejala Rosanna Rolón (ANR- independiente), quien promovió la minuta, resaltó la importancia de que los concejales puedan verificar y controlar las 123 carpetas entregadas al interventor. “Son los (documentos) respaldatorios de las observaciones de la Contraloría (General de la República) y ahí está la emisión de bonos, dónde se utilizó, los gastos corrientes que se hicieron y con los que justificó el intendente suspendido”, señaló.
Javier Pintos (ANR-cartista), acompañó la iniciativa de la concejala y dijo que “es imperioso que la Junta Municipal tenga conocimiento de la verificación de la documentación que hacen a las observaciones de la Contraloría“ y destacó que el legislativo municipal siempre actuó con prontitud ante las peticiones del órgano contralor, así como ante la Cámara de Diputados, cuando fueron convocados.
La intervención
El proceso de intervención arrancó el 24 de junio y fue realizado por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó, entre otras cosas, el desvío de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que no se ejecutaron. Esto también se denunció a la Fiscalía, que mantiene una investigación abierta. Nenecho, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal, por la causa de los detergentes de oro, donde se estima un perjuicio de G. 1.850 millones.
Durante los más de 50 días que lleva Carlos Pereira en el cargo, son varias las revelaciones que se dieron. Entre ellas, la confirmación de que Nenecho gastó la mitad del dinero de los bonos en el pago de salarios. Pereira afirmó que la Municipalidad era un “loteamiento” por “cupos políticos” y está “moralmente destruida”. También salieron a luz denuncias de cajas paralelas.
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Pereira también confirmó que hay 9.119 funcionarios y que, pese a la existencia de 27 sistemas informáticos distintos, su uso fue casi nulo, sobre todo en lo que respecta al control del personal.
Durante este periodo, los concejales denunciaron también supuestos esquemas de sobrefacturación y operaciones de la intendencia que podrían haber concluido en el “regalo” de tierras municipales.