La fiscal Gladys Jiménez explicó que corresponde al Ministerio Público realizar la primera evaluación de la conducta denunciada y determinar si esta se adecua a un tipo penal antes de formalizar una imputación.
En ese sentido, tras revisar las pruebas, la representante del Ministerio Público concluyó que los hechos narrados por la víctima de 12 años (hoy 13) no reunían todos los elementos objetivos del abuso sexual en niños ni de figuras penales similares.
Según el requerimiento, la conducta atribuida al exviceministro de Educación Superior Federico Mora habría ocurrido en un contexto en el que no se puede sostener jurídicamente que sus actos estuvieran dirigidos hacia la adolescente.
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La fiscal aclaró que el relato de la víctima fue respaldado con diversas diligencias, incluyendo pericias psicológicas, entrevistas especializadas y la declaración en cámara Gesell. Sin embargo, los resultados no permitieron adecuar jurídicamente los hechos a la figura denunciada.
“Desestimar no significa negar lo que contó la niña, sino que, jurídicamente, no encontramos base suficiente para sostener una imputación”, sostuvo Jiménez.
La causa se había iniciado en mayo de este año, tras un hecho ocurrido en Semana Santa en el departamento de Guairá. La denuncia derivó en la inmediata destitución de Mora como viceministro de Educación Superior.
Durante casi cinco meses de investigación, la causa no avanzó hacia una imputación, lo que había provocado reclamos de la parte denunciante. El abogado Óscar Tuma, representante de la familia de la supuesta víctima, denunció reiteradas veces trabas en el acceso a la carpeta fiscal y cuestionó la falta de mayores diligencias procesales.
El escrito de desestimación se encuentra ahora en manos del juez penal de garantías, Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba, quien deberá decidir si homologa la solicitud del Ministerio Público o si da trámite de oposición. El magistrado indicó un plazo estimado de 15 días para dar respuesta sobre el requerimiento.
Deslindó responsabilidad por filtración
Uno de los puntos que generó mayor polémica fue la filtración del requerimiento fiscal en redes sociales. Jiménez calificó la situación de grave, ya que involucra la intimidad de una menor y también del denunciado.
La agente del Ministerio Público enfatizó que la Fiscalía no entregó copias del expediente a terceros, sino que el acceso se habría dado cuando el juzgado otorgó a la madre de la víctima constancias de la carpeta judicial.