El Ministerio Público formuló imputación por el hecho punible de omisión de auxilio contra un joven de 18 años y un adolescente de 15, en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 12 años ocurrida el pasado 25 de diciembre en un lago del barrio Estación de la ciudad de Villarrica.
La imputación fue presentada por el agente fiscal Diego Duarte, de la Unidad Penal Ordinaria N.º 6 de la Fiscalía de Villarrica, quien considera que existen suficientes elementos de sospecha para atribuir responsabilidad penal a ambos involucrados.
De acuerdo con el acta fiscal, el hecho se registró en horas de la tarde del día de Navidad, cuando cuatro menores de edad y un joven salieron de sus viviendas del barrio Santa Librada con la intención inicial de recorrer pesebres, como lo hacían en años anteriores.
En el trayecto, el grupo decidió cambiar de plan y se dirigió al lago Canindeyú, ubicado en el barrio Estación, donde comenzaron a ingresar al agua alrededor de las 16:30.
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El momento fatal
Según la reconstrucción fiscal, el niño de 12 años se lanzó desde la orilla hacia una zona más profunda del lago y, al no poder mantenerse a flote, entró en estado de desesperación y pidió ayuda levantando los brazos.
Los acompañantes intentaron auxiliarlo, pero no lograron sacarlo del agua. Posteriormente, salieron del lago y se retiraron del lugar sin dar aviso a vecinos, familiares ni a las autoridades, pese a que uno de ellos contaba con teléfono celular y podía llamar al sistema de emergencias 911.
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Para la Fiscalía, la conducta reprochada no radica en el ahogamiento en sí, sino en la omisión posterior de solicitar auxilio y en el ocultamiento del hecho mientras se realizaba la búsqueda del niño.
La investigación se inició a partir de un informe policial de la Comisaría 2.ª de Santa Librada, tras la denuncia de desaparición del menor, y derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida en el lago horas después.
La autopsia practicada en Asunción confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y descartó la existencia de golpes, fracturas u otros signos de agresión, reforzando la hipótesis de un hecho accidental.
El pacto del silencio
En el caso del joven de 18 años, identificado como José Ezequiel Meaurio González, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación formal del acta de imputación y fijó un plazo de seis meses para la investigación. Así también, se solicitaron medidas alternativas a la prisión.
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Respecto al adolescente de 15 años, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a la normativa vigente, la imputación fue remitida al Juzgado Penal de la Adolescencia bajo la misma calificación jurídica.
El fiscal Duarte explicó que el punto central del caso es el “pacto de silencio” posterior al hecho, ya que los involucrados habrían acordado no comunicar lo ocurrido, lo que retrasó la activación de la búsqueda y el auxilio oportuno.
Como parte de las diligencias pendientes, el Ministerio Público prevé la toma de declaraciones testificales, la ampliación de pericias forenses y no descarta una eventual reconstrucción de los hechos en el lugar.
La Fiscalía deberá definir, una vez concluido el plazo investigativo, si presenta acusación formal o adopta otro requerimiento conclusivo, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.