El departamento de Caaguazú es el mayor productor de tomates del país y de esta región depende en gran parte para cubrir la demanda nacional, estimada en 200 toneladas diarias. Esta situación hace que gran parte de la economía de los agricultores dependa de la buena comercialización del producto, pero la mala planificación de la siembra y el ingreso ilegal desde países vecinos suelen saturar el mercado y afectar directamente a los productores.
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Ante este escenario, los agricultores exigen una planificación eficiente de la producción y controles más rigurosos en las fronteras para frenar el contrabando.
El productor Óscar Guzmán señaló que el año pasado hubo muy buena cosecha, aunque los precios no acompañaron el costo de producción. Indicó que en esta época no se registra una generación masiva de tomates, pero aun así el precio en finca se mantiene entre G. 4.000 y G. 4.500 por kilo, lo que solo permite paliar los gastos.
Guzmán insistió en la necesidad de un mayor control fronterizo para mejorar las condiciones de vida de los agricultores.
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Por su parte, el director de Comercialización del MAG, ing. Ernesto Sotelo, explicó que el relevamiento se realiza entre enero y febrero y consiste en recabar datos de cada productor sobre los periodos de siembra. Señaló que esta información permite anticipar meses de superproducción o escasez y definir estrategias de apoyo para productores y consumidores.
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Respecto al contrabando, Sotelo afirmó que los mecanismos de control siguen activos para proteger la producción nacional.
No obstante, los productores temen que el contrabando vuelva a afectar al sector, provocando que los precios caigan por debajo del costo de producción y generen pérdidas millonarias en las fincas.