La Fiscalía del Medio Ambiente de Villarrica, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), intervino este lunes un arrozal ubicado en la compañía Rincón, distrito de Borja, departamento de Guairá, ante denuncias de presunto perjuicio a un cauce hídrico.
El procedimiento fue encabezado por la fiscal de la unidad penal especializada en delitos ambientales, Jadiyi Ortiz, tras una denuncia presentada por pobladores que utilizan un campo comunal contiguo para la cría de ganado. Según los denunciantes, obras y canalizaciones cercanas a los cultivos habrían afectado el curso de un arroyo que abastece de agua a los animales.
El señalado en la causa es Carlos Pochiñek, quien alquila la propiedad donde desarrolla actividades agrícolas de arroz y soja. Los vecinos sostienen que, tras las supuestas intervenciones, el cauce se secó, dejando sin acceso al agua al ganado del campo comunal.
La fiscal Ortiz explicó que el operativo se sustenta en una constitución realizada la semana pasada, cuando se constató que el cauce que llegaba al campo comunal se encontraba seco. “Hoy realizamos un recorrido más específico dentro del inmueble, verificamos canalizaciones y otras obras, y todo eso será cotejado con la documentación que debe proveer el Mades”, señaló.
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Sin embargo, durante el allanamiento de este lunes, el panorama fue distinto; el mismo cauce ya presentaba agua. De acuerdo con los vecinos denunciantes, la restitución se habría dado luego de que el productor fuera advertido de la intervención fiscal y revirtiera las modificaciones cuestionadas.
La agente fiscal indicó que, con los datos recabados, quedan pendientes varios pedidos de informes técnicos y otras diligencias, entre ellas el análisis de imágenes multitemporales para determinar el estado del inmueble en los últimos años y establecer si las obras verificadas tuvieron incidencia directa en el curso hídrico. “Tenemos que solicitar imágenes satelitales y realizar un análisis conjunto con los informes del Mades. Posteriormente, los técnicos nos darán una conclusión”, puntualizó Ortiz.
También hablan de abigeato y agresiones
Los denunciantes, además del presunto daño ambiental, ampliaron sus reclamos con acusaciones por supuestos hechos de abigeato y agresiones. Aseguran que animales del campo comunal, al cruzar hacia parcelas cultivadas, habrían sido sacrificados y que no se permitió a los propietarios recuperarlos.
Incluso relataron un episodio en el que una pareja habría ingresado a la propiedad para buscar un animal extraviado y, siempre según la denuncia, fue abordada por el productor, quien habría agredido a la mujer y la embistió con un vehículo. Afirman que estas denuncias, junto con un supuesto intento de homicidio, ya fueron presentadas ante el Ministerio Público.
Marcial Martínez, uno de los denunciantes, celebró la restitución del cauce y atribuyó el hecho a la presión comunitaria. “Gracias a nuestra lucha, ayer devolvió el cauce hídrico con un tractor. Es un avance importante para Rincón y Borja”, manifestó durante el procedimiento.
Martínez también denunció fumigaciones frecuentes, presuntamente cada 15 días, desconociendo si esta actividad está avalada por alguna habilitación o permiso de las autoridades administrativas.
Productor niega hechos denunciados
En contrapartida, Carlos Pochiñek negó haber realizado intervenciones que afectaran el cauce hídrico y sostuvo que se trata de un curso intermitente que se seca en periodos de escasa lluvia y vuelve a correr tras precipitaciones.
Sobre las acusaciones de agresión y abigeato, el productor aseguró ser él quien sufre amenazas y ataques por parte de vecinos, incluso durante la intervención fiscal. Dijo haber presentado entre 13 y 15 denuncias en la comisaría jurisdiccional por la presencia de animales sueltos en la vía pública y en su propiedad.
Pochiñek sostuvo que el ganado transita a diario por la ruta, generando riesgo para conductores, y que en más de una ocasión los animales fueron llevados a pastar dentro de su arrozal. “Es una ciudad abandonada por el Estado; uno quiere trabajar y es complicado así”, expresó. También apuntó contra supuestas irregularidades y complicidad en el control policial, y afirmó que algunas denuncias no prosperaron.