Ignorando el descontento social y las advertencias de inconstitucionalidad, el presidente de la República Santiago Peña, ha decidido acelerar el paso hacia la integración de los servicios del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS). Lo que para el Gobierno es una “optimización estratégica” de recursos, para los trabajadores aportantes representa una amenaza directa a un sistema que ya se encuentra al borde del abismo.
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En la tarde de ayer, durante una reunión con Jorge Brítez, presidente del IPS, María Teresa Barán, ministra de Salud y otras autoridades sanitarias, Peña ratificó su hoja de ruta: derribar los muros administrativos que separan ambas instituciones para crear una red única.
Sin embargo, la unificación de la salud pública con el seguro social, choca de frente con la realidad de miles de asegurados que, entre la falta de turnos y la escasez de medicamentos, ven cómo el Estado intenta disponer de los recursos que no le pertenece.
Asalto a los recursos del IPS, dicen aportantes
Desde el Ejecutivo, el discurso es de “eficiencia” y “optimización”. Sin embargo, lo que el Gobierno presenta como un avance histórico, los dueños de la previsional —los asegurados— lo ven como un asalto a sus recursos.
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La idea de unificar Salud Pública e IPS no es nueva; es una intención que data de agosto de 2023, apenas asumió el actual mandato. No obstante, la velocidad con la que se busca implementar ahora genera sospechas.
Mientras el Gobierno habla de “atención fluida”, la realidad en los pasillos del IPS y hospitales públicos es otra. A diario, pacientes denuncian esperas de meses para especialistas y la infraestructura de los servicios están al limite.
“No hay turno ni para el asegurado, y si consultan otras personas más dónde paramos. IPS es de los aportantes, pero los asegurados pueden consultar en hospitales porque pagamos impuestos como cualquier otro cuidadano”, expresa uno de los cientos de comentarios dejados en redes sociales.
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Aunque el breve comunicado dado a conocer por la Presidencia tras la reunión con autoridades sanitarias no brinda detalles sobre si este acuerdo incluirá la provisión de fármacos del IPS a pacientes no asegurados, una nota realizada por ABC en junio del 2024, dice que el doctor Gustavo González, gerente de Salud de la previsional en aquel entonces y actual consejero del IPS, afirmó que este convenio también incluye la integración de farmacias de ambas instituciones.
Silencio oficial
Desde que se dio a conocer la intención de integrar los servicios del IPS con el Ministerio de Salud, la Unión Nacional de Asegurados y la Asociación de Asegurados del IPS, han sido tajantes al afirmar que el plan es inconstitucional.
“El marco legal del IPS avala el servicio único a aportantes. Abrir las puertas al sistema general sin haber saneado primero la atención al asegurado es sentenciar al colapso total”, advierten los gremios, quienes repudian el “manoseo” de la institución.
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A pesar del impacto de la medida, el hermetismo es total. La Dirección de Comunicación del IPS confirmó a ABC que las autoridades no darán entrevistas, y desde el Ministerio de Salud se han llamado al silencio, ignorando llamadas y mensajes de la prensa.