Los pobladores denuncian que la pareja estaría intentando adueñarse de la propiedad mediante amenazas y el uso de armas de fuego para obligar a las familias a abandonar el lugar. Indicaron que la pareja cuenta con un establecimiento en el sitio y pretende quedarse con la totalidad de las tierras.
Las familias, que viven en viviendas precarias desde hace más de cinco años, solicitan al Indert la distribución igualitaria de las parcelas ya censadas en el asentamiento. Señalaron que el instituto realizó el relevamiento y que todas las familias fueron identificadas como beneficiarias, pero hasta ahora el proceso no fue ejecutado.
Los pobladores también denunciaron persecución por parte de instituciones del Estado, como la Fiscalía, mediante detenciones y acusaciones de supuesta invasión, pese a que las tierras serían de propiedad estatal. En ese sentido, exigen la intervención fiscal y que el Indert concrete la regularización y entrega de los lotes.
Lea más: Denuncian a funcionario del INDERT por realizar intervención irregular a favor de ganadero
El poblador Edgar Diosnel Bogado Escobar dijo que piden que la pareja compuesta por Miguel Maldonado y Zulma Estigarribia abandone el lugar, en vista de que se pasan amedrentando a las familias que viven en el sitio. Señaló que la comunidad exige la presencia de un juez en el lugar con el fin de constatar quiénes son las personas que realmente ocupan el sitio y que cumplen con lo estipulado en el Indert.
Añadió que el Indert realizó en 2024 el relevamiento de datos de todas las familias que viven en el lugar y que prometieron la expedición de títulos, pero que hasta el momento no tienen información al respecto.
Por su parte, Miguel Maldonado señaló que solo un grupo de personas externas que llegaron hace poco al lugar son las que están creando conflicto en el sitio. Indicó que los antiguos pobladores de la zona están totalmente identificados y que los denunciantes son personas “bandidas” que se dedican a ocupar tierras ajenas para después sacar beneficios de ellas.
Comentó que las 420 hectáreas son tierras no aptas para la vivencia humana y que en el 2002 fueron adjudicadas a un comité compuesto por 14 productores y pequeños ganaderos para poder explotar el sitio, y que en el 2023 fue nuevamente reconfirmada la adjudicación.
Lea más: Suman cinco detenidos e imputados por atropello fatal en Simón Bolívar
Agregó que uno de los miembros de este grupo de personas es Aníbal Sosa, quien fue acusado de ser uno de los protagonistas que atacó un establecimiento el 15 de agosto del 2024, donde un guardia fue asesinado, calcinado en su rodado, y otro supuesto que fue sintierra muerto a balazos.
Al respecto, ABC intentó comunicarse con el director regional del Indert, Edgar Cubilla, pero tras varias llamadas y mensajes de WhatsApp a su número con terminación 901 no nos atendió el teléfono celular. En caso de que quieran dar detalles sobre el tema, pueden comunicarse con esta redacción.