En una sesión extraordinaria realizada hoy, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la suspensión de la matrícula de la abogada Zully Concepción Ortiz García, quien ha sido recientemente acusada en un caso vinculado a la "mafia de los pagarés“.
La suspensión de la matrícula y la apertura de un sumario a la letrda fue solicitada por el ministro César Garay Zuccolillo, en virtud a la amplia difusión de la noticia de su aprehensión.
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La propuesta de Garay contó con la aprobación de los demás partícipes de la sesión extraordinaria presidido por la ministra María Carolina Llanes, los ministros Gustavo Santander, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera.
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A su turno, el ministro Gustavo Santander Dans destacó que hay muchos abogados que fueron imputados y sumariados como consecuencia de la investigación abierta con relación a la mafia de los pagarés.
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Por esta razón, sostuvo que corresponde solicitar informes sobre la situación de todos los profesionales del Derecho y adoptar las decisiones que correspondan con relación a ellos, en una sesión posterior.
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Esta moción también fue aprobada por unanimidad.
Prisión para abogada por supuesta coacción y amenaza
La abogada Zully Rolón fue detenida ayer durante un allanamiento a su casa ubicada en 23° Proyectada y Morelos, Asunción, en prosecución de la investigación por las amenazas sufridas por el periodista Carlos Benítez.
El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala Ruth Benítez de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, quien imputó posteriormente a Ortiz por supuesta coacción y amenaza de hechos punibles.
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Hoy, en una audiencia de imposición de medidas, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás decretó la prisión preventiva de la abogada Ortiz y otra persona detenida ayer por el mismo caso (Evelin Librada Paredes).
Corte insta a denunciar incumplimiento de ley que obliga a levantar embargos
Otro punto aprobado en la sesión extraordinaria de hoy fue la propuesta del ministro Alberto Martínez Simón, de publicar un comunicado sobre la vigencia de la Ley N° 7.614/25, que dispone el levantamiento de embargos y otras medidas cautelares decretados en juicios ejecutivos, cuyos expedientes no se encuentren en los juzgados.
“La ley N° 7.614 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2025, por lo que se encuentra plenamente vigente desde el día 31 de diciembre de 2025, sin necesidad de ninguna instrucción, reglamentación, protocolo o actuación administrativa de parte de la Corte Suprema de Justicia, ni de ninguna otra autoridad”, señala el comunicado.
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Finalmente, la Corte Suprema de Justicia insta a los jueces que estén a cargo de dichos procesos extraviados cumplimiento estricto e inmediato a la normativa de la Ley mencionada.
“Instamos a las personas afectadas por embargos o medidas cautelares que obren expedientes extraviados o que no radiquen en las respectivas secretarías y que no hayan sido levantados de conformidad a la Ley N° 7.614/25, que denuncien dichas omisiones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir las correspondientes investigaciones para que, en caso de constatarse falta de cumplimiento de la ley, se apliquen las sanciones correspondientes a los eventuales responsables, sin perjuicio de la derivación de la cuestión a otras instancias”, concluye el comunicado publicado en la web de la CSJ