El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis “Luifer” Bernal, cuestionó el pedido de quiebra de la entidad, que está en proceso judicial actualmente a pedido de un abogado que exige el pago de G. 100 millones por una deuda que data del 2004.
El proceso de quiebra se abrió el 2 de febrero pasado, solicitado por el profesional del Derecho, Manuel Radice, quien argumenta que hace dos décadas representó a la Municipalidad de San Bernardino, en una demanda por cobro de impuestos contra la entonces Corposana.
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Pese a que la estatal perdió el proceso en todas las instancias, así como las regulaciones de honorarios, nunca se cumplió con la deuda.
Incluso, ya con Bernal al frente de la aguatera, habían solicitado la inconstitucionalidad sobre la mora exigida por el abogado, pero también perdió esta instancia.
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La respuesta de “Luifer” Bernal
“Luifer” Bernal, aseguró que con esta acción judicial se quiso “instalar” que la Essap está en situación de quiebra, pero afirmó que el alegato no tiene sustento jurídico ni financiero.
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“Es algo traído de los pelos, un disparate. La institución está lejos de llegar a una quiebra, tenemos más de G. 1,4 billones de activos y nuestro presupuesto anual es de G. 580.000 millones”, afirmó.
Según el titular de la entidad pública, el abogado Manuel Radice hasta la fecha no presentó ninguna nota ante la actual administración y tampoco presentó una sola factura para cobrar sus honorarios.
“En una hora de recaudación nosotros podemos honrar la deuda con el abogado, eso no es problema. El tema es que además de que no presentó ningún documento, el proceso en la Justicia todavía sigue, no concluyó entonces nosotros no podemos efectuar ningún saldo hasta entonces”, explicó.
Otros procesos jurídicos
Bernal aseguró que mantienen varios procesos jurídicos que se presentaron contra la Essap, principalmente por la desvinculación de funcionarios que fueron despedidos durante su gestión.
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“Nosotros desvinculamos a más de 200 empleados y tenemos demandas en ese sentido. Son los casos que más tenemos, pedidos de indemnización también los hay, pero de una entidad pública solo está la de San Bernardino”, remarcó.