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Cerco a los “quemadores”: Fiscalía identifica propiedad donde se originaron incendios en Remansito

El fiscal Irán Suárez confirmó la apertura de tres causas penales tras los graves siniestros que afectaron la zona de Río Verde y el Puente Héroes del Chaco. Bajo la Ley 716, los responsables se exponen a penas de hasta ocho años de cárcel.

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La impunidad que suele rodear a los delitos ambientales en Paraguay podría tener un punto de inflexión, según lo declarado en la mañana de este lunes por el agente del Ministerio Público Irán Suárez.

Ante la densa humareda que convirtió el día en noche el pasado fin de semana y la destrucción de miles de hectáreas, el Ministerio Público pasó a la ofensiva.

El fiscal confirmó que ya iniciaron las investigaciones formales para individualizar a los responsables de los focos ígneos que pusieron en riesgo a la población y a la biodiversidad.

A través de un trabajo coordinado con el Instituto Forestal Nacional (Infona), la unidad fiscal determinó, mediante tecnología satelital, los puntos exactos donde comenzó el fuego.

“Ya tenemos identificado el padrón de la propiedad donde se inició el incendio principal. El sábado detectamos cinco focos; uno sería el lugar de origen y los otros cuatro fueron producto de la propagación”, detalló el agente fiscal.

Tecnología y peritaje en curso

La investigación cuenta con el apoyo del general Arza, del Ejército, cuyos efectivos trabajaron en condiciones extremas, incluso con descensos en helicóptero en zonas inaccesibles por tierra. Actualmente, personal de Criminalística de la Policía Nacional se encuentra analizando el terreno para confirmar la intencionalidad del hecho.

Aunque el fiscal Suárez se mostró cauto sobre nombres específicos, enfatizó que existe una “alta probabilidad” de que los siniestros hayan sido provocados deliberadamente, ya sea por negligencia de personas que realizan actividades de caza y pesca o por intereses particulares en la zona.

Cárcel para los responsables

Uno de los puntos centrales de la intervención fiscal es la aplicación de la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente. Según explicó Suárez, el artículo cuatro de dicha legislación contempla penas de tres a ocho años de penitenciaría para quienes realicen quemas de bosques o formaciones vegetales.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Nuestros niños no se merecen esto; nadie merece vivir sumido en el humo y la contaminación. Buscamos establecer una sanción ejemplar”, sentenció.

Ante la consulta sobre la quema en vertederos, como el caso reciente en “El Farol”, aclaró que si bien la ley forestal tiene ciertas lagunas, se podría aplicar la figura de procesamiento ilícito de desechos, otro tipo penal que busca castigar el daño ambiental.

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