El juicio oral y público al exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre y otros acusados por el supuesto desvío de G. 18.384.427.005 en la institución departamental, entre los años 2019 y 2020, fue reprogramado para el miércoles 8 de abril, a las 8:00, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Ana Rodríguez Brozón.
En principio, el inicio del juzgamiento al “Número 2” y los demás encausados estaba previsto para este hoy martes 10, pero el propio Colegiado de Sentencia resolvió postergar el debate, en atención a que están pendientes de resolución los recursos planteados por las defensas en contra de la elevación de la causa a juicio oral.
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Hugo Javier González fue condenado, en enero de 2025, a una pena de 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, hechos que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación. También fue condenado a 10 años de prisión su exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles; mientras que otros cuatro acusados recibieron condenas a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena.
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Al dictar la condena en el caso conocido como “obras fantasma”, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Karina Cáceres, ordenó la inmediata remisión del “Número 2″ a Tacumbú. Sin embargo, Hugo Javier González dejó la prisión tras cumplir la pena mínima de 6 meses y actualmente está con libertad ambulatoria.
Hugo Javier y otros 16 acusados esperan juicio
En la presente causa son 17 acusados en total los que afrontarán el juicio oral y público, entre ellos el exgobernador de Central Hugo Javier González, por el presunto perjuicio patrimonial millonario a la Gobernación de Central. Inicialmente fueron acusadas 33 personas, pero parte de ellas obtuvieron salidas procesales.
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En la primera audiencia preliminar, que finalizó en octubre de 2023, el Juzgado de Garantías ordenó la apertura a juicio oral y público contra Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Eduardo Allende Araújo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira y Luis María Galarza Ovelar, acusados de supuesta lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Luego, por Auto Interlocutorio Nº 349 de fecha 12 de setiembre de 2024, se elevó a juicio oral y público la causa con relación al ex gobernador Hugo Javier González Alegre y Javier Marcelo Rojas Giménez. Ambos están acusados de presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Finalmente, el 27 de setiembre de 2024 se ordenó la apertura a juicio oral para los acusados Gloria María Barrios Martínez, Blas Vicente Oddone Céspedes, Fernando José Brítez Sánchez, Juan Vicente Caballero Villalba y Esteban Álvarez Quevedo. Los mismos están sindicados por los hechos de lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Acusación por desvío de G. 18.300 millones en Central
La acusación presentada en setiembre de 2023 por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta puntualiza que entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, la Gobernación de Central desembolsó la suma de G. 24.424.032.733, en concepto de aportes en favor de entidades privadas sin fines de lucro, supuestamente para solventar los gastos de 51 proyectos presentados a la institución departamental.
Sin embargo, a través de estos desembolsos se causó un perjuicio patrimonial a la Gobernación de Central que asciende a la suma de G. 18.384.427.005. Es decir, solo están justificados gastos por poco más de G. 6.000 millones, de acuerdo a la hipótesis plasmada por el Ministerio Público en la acusación.
El requerimiento fiscal agrega que se montó un “esquema delictivo” para el desvío ilícito de fondos de la Gobernación, que contó con la participación activa de los representantes y autoridades de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional; Asociación Plantemos Conciencia; el Consejo Regional de Salud del Departamento Central; Centro Nacional de Organizaciones Populares; y Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, ya que a través de los mismos fueron realizados los desembolsos.
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Además, la acusación fiscal resalta que Hugo Javier González, en carácter de gobernador de Central, emitió las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos, causando el millonario daño a la institución, teniendo en cuenta que lo hizo pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales.
Irregularidades señaladas por fiscalía
Los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.
Los planes no tenían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales, a fin de analizar la razonabilidad de los recursos a ser desembolsados. Tampoco fueron identificados los lugares en los que deberían ser ejecutadas las actividades.
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Los proyectos que contemplaban construcciones no especificaban qué tipos de obras se realizarían, tampoco el lugar de ejecución, no tenían planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación realizó los desembolsos.
Oenegés no rindieron cuentas a la CGR
La fiscalía resalta en la acusación que luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.
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De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público los fines y objetivos de varios proyectos no guardaban relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas, según lo plasmado en la acusación en los autos de elevación a juicio oral.