La Superintendencia de Salud se encuentra en la fase culminante de una exhaustiva auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS), motivada originalmente por el trágico fallecimiento de Braulio Vázquez, asegurado que esperaba un cateterismo que no se pudo hacer por la inoperatividad de los equipos biomédicos. Según confirmó el titular de la entidad, el doctor Roberto Melgarejo, se espera que el documento definitivo esté listo para los primeros días del próximo mes.
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El proceso, que ha demandado un trabajo intenso incluso durante fines de semana, busca arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en el centro asistencial. “He bajado la línea de que busquen la verdad como sea; que lo que encuentren lo demuestren con documentos tangibles. No vamos a encubrir nada”, enfatizó Melgarejo, subrayando la independencia técnica de los auditores.
Trabajo “muy técnico y minucioso”
Melgarejo explicó que la culminación de la auditoría al IPS no depende únicamente de la voluntad de los peritos, ya que está sujeta a un riguroso cronograma jurídico que garantiza la validez del documento. Detalló que, bajo el amparo de la ley, el proceso entra ahora en una fase de “traslado y descargo”.
El superintendencia expresó que este mecanismo administrativo busca evitar que el informe sea impugnado por falta de debido proceso. Explicó que el IPS, como entidad auditada, tiene el derecho constitucional a la defensa, lo que obliga a la Superintendencia a notificar primero sus hallazgos para que el seguro social brinde sus explicaciones o documentos adicionales que consideren pertinentes.
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Alcance de la investigación
La auditoría no se limita estrictamente al acto médico que derivó en la muerte de Vázquez, aseguró Melgarejo, afirmando que el equipo auditor analiza un espectro mucho más amplio que también incluye estado y funcionamiento del angiógrafo y equipos biomédicos, disponibilidad de insumos y organización de las guardias, cumplimiento de pasos médicos y de mantenimiento de equipos así como también la comunicación y el flujo de información brindado a los familiares.
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“Es gigantesco. Hay demasiados documentos que analizar y no podemos salir a decir algo sin estar bien documentados”, explicó Melgarejo.
Transparencia y acciones legales
Ante la consulta sobre la confidencialidad de los datos, Melgarejo explicó que existe una ley especial de la Superintendencia, por lo que una vez finalizada la investigación, dependerá de los familiares si desean hacer publico los resultados.
Respecto a las consecuencias jurídicas, Melgarejo no descartó que el caso llegue a la justicia penal. “Si las conclusiones son graves, una de las recomendaciones más fuertes al Consejo del IPS será que elaboren los sumarios y denuncien ante el Ministerio Público. Si ellos no lo hacen, nosotros presentaremos el informe de motu proprio a la Fiscalía“, sentenció.