De acuerdo con el postulante, las personas afectadas habían sido notificadas inicialmente de que continuarían dentro del programa, generando expectativas de estabilidad y continuidad en el beneficio que recibían. Sin embargo, posteriormente fueron desvinculadas sin recibir una explicación formal ni justificación alguna por parte de las autoridades responsables. López sostiene que esta decisión se habría producido luego de que los beneficiarios no manifestaran su apoyo al sector oficialista, lo que, según expresó, evidenciaría un uso indebido de un programa social financiado con recursos públicos, cuya finalidad debería ser exclusivamente brindar asistencia y acompañamiento a quienes lo necesitan, sin condicionamientos políticos.
El postulante enfatizó, además, que este tipo de acciones genera incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos, y subrayó la necesidad de garantizar transparencia y criterios claros en la administración de los programas sociales, para evitar que se conviertan en instrumentos de presión política o clientelismo.
Atropello a derechos laborales
El candidato resaltó que este hecho es un atropello a los derechos laborales y cuestionó que iniciativas destinadas a sectores vulnerables puedan convertirse en herramientas de presión política. Asimismo, señaló que los trabajadores afectados analizan realizar una manifestación pública para exigir transparencia en los procesos de contratación y continuidad laboral.
Situaciones similares según las denuncias también se habrían registrado en otros distritos del departamento, como Primero de Marzo y Juan de Mena, donde igualmente se reportaron presuntas desvinculaciones de personal vinculado al programa, lo que aumenta las sospechas sobre posibles criterios políticos en las decisiones.
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La provisión de alimentos dentro del programa está mayoritariamente a cargo de la empresa Ladero Paraguayo S.A., representada por Luis Ramón Pujol. Esta firma, junto con Comepar S.A., concentra una parte importante de las adjudicaciones vinculadas al servicio de almuerzo y merienda escolar en la región.
Para consultar sobre el inconveniente este medio intentó obtener la versión del gobernador de Cordillera, Denis Lichi, respecto a las denuncias; sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
El espacio queda abierto para que pueda brindar su postura o aclaraciones sobre lo expuesto.
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