Aplican ley antimafia de los pagarés y bajan embargo de casi G. 4 millones a G. 2,6 millones

Protesta de víctimas de la "mafia de los pagarés" frente a la Corte Suprema de Justicia este martes.
Imagen de archivo de una protesta de víctimas de la "mafia de los pagarés" frente a la Corte Suprema de Justicia.

La ley antimafia de los pagarés ya genera sus primeros efectos en los juzgados. Una docente logró reducir un embargo mensual que rondaba los G. 4.000.000 a poco más de G. 2.600.000, tras la aplicación del tope del 50% del salario neto establecido en la nueva legislación.

La Ley N.º 7564/2025 “establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.

Esta normativa, conocida como ley antimafia de los pagarés, fue promulgada en noviembre de 2025. La misma regula los límites y procedimientos para descuentos y embargos sobre salarios de funcionarios públicos.

La ley dispone que ningún funcionario público podrá percibir menos del 50% de su salario neto tras las retenciones. Asimismo, establece la intangibilidad del aguinaldo, subsidios y bonificaciones especiales, los cuales no pueden ser objeto de embargo ni deducción alguna.

Otro punto clave es el sistema de prelación, que fija un orden para la aplicación de descuentos y prioriza los embargos judiciales de carácter alimentario. La ley rige exclusivamente para organismos y entidades del Estado.

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Defensora logra reducción de embargo a docente

En ese marco, la defensora pública Leticia Casaccia obtuvo la reducción del embargo de salario de una docente afectada por la denominada “mafia de los pagarés”, al invocar la Ley N.º 7564/2025.

Según el informe, el 19 de diciembre de 2024 se libró mandamiento de embargo ejecutivo sobre la cuarta parte del salario de la docente, cuyo salario líquido ascendía a G. 6.205.706. Sin embargo, soportaba descuentos mensuales por G. 3.952.000, correspondientes a dos embargos de G. 1.976.339 cada uno.

Los descuentos superaban el 50% de la remuneración. En el expediente se verificó que del salario percibido debía descontarse el aporte jubilatorio de G. 992.912, quedando un salario neto de G. 5.212.794.

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El 25 de febrero de 2026, la jueza Cinthya Usher resolvió reducir el embargo salarial y fijó como límite el 50% del salario neto, equivalente a G. 2.606.397. En consecuencia, en cada uno de los dos juicios se descontará hasta la suma de G. 1.303.199.