El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación y su ratificación en contra Arnoldo Wiens, ex ministro de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), presentada por los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, en el marco de la causa conocida como metrobús.
Si bien el Ministerio Público atribuyó a Wiens los hechos punibles de lesión de confianza (artículo 192) y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo (artículo 159), según el Código Penal, el juez Humberto Otazú solo admitió la imputación en relación a la porción fáctica de la lesión de confianza.
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De la misma forma, el magistrado convocó para el próximo 12 de marzo, a las 8:45, al ex titular de la cartera de Obras para sustanciar la audiencia de imposición de medidas. El equipo fiscal lo convocó a audiencia indagatoria el 16 de marzo.
Por otra parte, también estableció para el 16 de agosto de 2026 la fecha para que el Ministerio Público haga la presentación de su requerimiento conclusivo.
Fiscales cuestionaron rechazo de imputación a Arnoldo Wiens
En el escrito presentado, a través del cual ratifican la imputación a Wiens, los fiscales sostienen que “el trámite de oposición previsto en la acordada N° 1631, que, si bien no es un trámite de oposición propiamente dicho; sino que un mecanismo de devolución del acta de imputación al Ministerio Público para que corrija errores formales que pueda contener, debería realizarse a través de una resolución fundada”.
Los agentes cuestionaron en tal sentido que el juez Osmar Legal, que interinó a Humberto Otazú, “ha emitido una providencia donde califica de ‘deficiente’ al acta de imputación, sin fundamentación legal alguna, sin sustento en lo establecido en el Art. 302 del CPP, en la Acordada N”: 1631, ni en las demás normas jurídicas”.
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Sobre el rechazo por motivos de falta de adecuación hecho por el juez Legal, los investigadores señalaron el agravio “debido a que un juez especializado no fundó la resolución judicial adecuando a los requisitos establecidos en la norma procesal; asi como tampoco fundamentó en formato papel el ‘porqué’ los hechos no se corresponden con la calificación jurídica provisoria”.
Señalaron que el actuar de Legal “se aparta del deber de fundamentación establecido en el art. 125 del CPP, al no expresar de manera clara y razonada cuál sería el defecto sustancial que hubiera justificado la no admisión”.
Añadieron sobre esa misma línea, que “la invocación de la Acordada N.” 1631/2022 no resulta idónea para sustentar la aplicación del art. 314 del CPP en un supuesto como el analizado. Esta acordada no amplía ni modifica el alcance de la norma procesal, ni autoriza a rechazar una imputación cuando los hechos son admitidos como correctamente descriptos”.
Denuncia por caso metrobús se presentó hace 8 años
La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).
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Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.
Durante ese periodo, afirman, no convocarib a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.
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Causa metrobús pasó por varios fiscales
El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.
La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.
“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.