El Mercado Municipal N° 1 atraviesa una crisis que los permisionarios califican como una “bomba de tiempo”. El tradicional “Mercadito”, ubicado en el corazón del Centro, entre Yegros e Independencia Nacional, genera temor constante entre trabajadores, quienes advierten que el estado de abandono actual podría derivar en una tragedia similar a la del supermercado Ycuá Bolaños, que en 2004 provocó la muerte de 400 personas.

La desidia no es nueva, pero los afectados denuncian que persiste bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), quien, al igual que su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), mantiene el sitio en un estado de total abandono. Reclaman que, pese al peligro latente, no existen sistemas efectivos de prevención contra incendios.
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Un punto crítico es la nula ventilación provocada por el reemplazo de vidrios con materiales plásticos en las ventanas de los techos. Estos materiales impiden la salida de calor y gases, generando un riesgo altísimo de combustión ante cualquier siniestro. Esta modificación estructural convirtió al comedor en una trampa mortal para clientes y permisionarios, reclaman.
Dentro del mercado, las temperaturas se han vuelto inhumanas, alcanzando picos de hasta 45 ° C. Esto sucede incluso cuando afuera el termómetro marca 40 ° C, ya que el espacio no tiene por dónde “respirar”. El calor extremo agrava los riesgos de salud y aumenta la peligrosidad del ambiente encerrado, agregan.
Desagües obsoletos
El sistema de desagüe es otra falla estructural grave, con canaletas tapadas que rebosan constantemente. Con cada lluvia, los permisionarios reclaman que “llueve más adentro que afuera”. Critican que las autoridades insistan en la supuesta necesidad de un cambio total de la estructura del techo -imposible por su condición de patrimonio histórico-, en lugar de limpiar las canaletas.

Los comerciantes señalan que las goteras persistentes aún días después de que la lluvia haya cesado. A esto se suma un deterioro estructural visible con paredes rajadas y columnas carcomidas por el óxido. Estas deficiencias en las bases metálicas ponen en riesgo la estabilidad del edificio.
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La grasa de los puestos de comida se acumula en los caños que ya no dan abasto por su falta de capacidad. Los trabajadores sugieren que cambiar a cañerías de mayor capacidad solucionaría los desbordes.

Las instalaciones eléctricas de mala calidad representan una amenaza constante de cortocircuito. La iluminación en los pasillos es deficiente, lo que aumenta la inseguridad y dificulta el trabajo diario. Estas conexiones precarias son un elemento clave en el miedo a un incendio de magnitud.
Burocracia
Los permisionarios sostienen que, por falta de una gestión honesta, se ignora el mantenimiento simple en favor de proyectos grandes y que podrían favorecer la corrupción antes que soluciones reales.

Estos comerciantes culpan de estas condiciones a la “quiebra financiera” de la municipalidad, producto, sobre todo, de la mala gestión del exintendente Rodríguez, y a la continuidad de prácticas como la del “planillerismo”.
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Agregan que, ante esto, los mismos trabajadores deben costear de sus bolsillos los arreglos de sus propios frentes. Sienten que están “batallando” solos mientras el dinero público no se ve en mejoras.

Entre los permisionarios existe un fuerte temor a represalias por parte de los administradores por denunciar estas situaciones. Muchos confiesan sentirse presionados políticamente, condicionados a votar por ciertos candidatos para no perder sus puestos.
Crisis financiera e intervención
El exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), sumió a la comuna en una profunda crisis financiera, producto del alto endeudamiento para obras de infraestructura que no culminó, sumado al desvío de fondos para esos proyectos.

Durante su gestión, Nenecho contó con la complicidad de una mayoría de concejales, incluido el actual intendente. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Luis Bello formó parte de los 14 ediles que aprobaron, pese a la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos, los balances de 2023 y 2024.
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Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, Rodríguez desvió más de G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios. De los 8 proyectos que prometió con esa emisión, apenas empezó 4 y no terminó ninguno. Sin embargo, la comuna deberá pagar el capital e intereses al menos hasta 2035.
Nenecho renunció en agosto ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe de la intervención. Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.