Petróleos Paraguayos (Petropar) otorgó recientemente la décima prórroga a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, que está vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol. A pesar de los múltiples reclamos, la Contraloría General de la República (CGR) sigue sin concluir la revisión documental que se inició hace más de un año sobre el cuestionado contrato por más de US$ 61 millones.
El contralor general, Camilo Benítez, alegó que el análisis del caso presenta particularidades debido a que el Estado paraguayo todavía no realizó desembolsos en el marco del contrato. “Estamos trabajando sobre esto y es una situación un poco compleja”, argumentó en ABC TV esta mañana.
“El Estado paraguayo no hizo erogación para esto, no gastó nada. Entonces fácilmente podríamos decir qué es lo que la Contraloría va a controlar, porque no hubo gasto del Estado paraguayo”.
Posible impacto en el precio del combustible
Benítez comentó que, según informaciones periodísticas, el combustible ofrecido por la empresa catarí tendría un precio significativamente menor al del mercado, lo que —de concretarse— podría incluso influir en el costo del gasoil en Paraguay.
Añadió que, de confirmarse esa situación, podría entenderse por qué el proceso sigue abierto pese al retraso de un año y medio.
No obstante, el titular del órgano contralor sostuvo que la empresa estatal debe tomar medidas para resguardar los intereses del Estado ante el incumplimiento del contrato.
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Según explicó, la Contraloría prepara una recomendación para que se establezca un plazo final e improrrogable para la entrega del combustible.
“Petropar tiene que asegurarse de dos cosas. Primero, de que la multa en el caso de que se rescinda el contrato esté garantizada con una póliza y no con una declaración jurada nada más”, indicó.
En ese sentido, agregó que también consideran necesario establecer un límite temporal claro para la empresa proveedora.
“Creemos que se debe recomendar ya un plazo definitivo e improrrogable. Es decir, ¿cuánto tiempo más se le va a dar a la empresa catarí?”, planteó.
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Multa millonaria si no se cumple
El contralor señaló que, si la empresa no cumple dentro del plazo que eventualmente se establezca, el Estado paraguayo debería ejecutar la penalidad prevista en el contrato.
“Poner un plazo y que, si no se cumple ese plazo, el Estado cobre los 3.500.000 dólares que la empresa se comprometió a pagar”, sentenció Benítez.