El diputado Mauricio Espínola (ANR-disidente) denunció a través de sus redes sociales que el Instituto de Previsión Social (IPS) está intentando instalar un sistema de “encubrimiento” para proteger a la alta gerencia, utilizando a médicos y enfermeros como “chivos expiatorios”. Su denuncia tiene que ver con el caso de Braulio Vázquez, quien falleció en el Hospital Central debido a la inoperatividad de equipos biomédicos y la falta de insumos para un cateterismo de urgencia que requería.
Tras un análisis de los informes de la auditoría realizada por la Superintendencia de Salud y la auditoría interna del IPS, Espínola sostiene que el foco de la investigación realizada por el seguro social, está deliberadamente desviado hacia el error humano en el triage (código verde para una urgencia), ignorando las fallas estructurales que sentenciaron al paciente.
Equipamiento en ruinas y licitaciones vencidas
Según el legislador, la negligencia no reside en el estetoscopio del médico, sino en la oficina del administrador. La denuncia detalla un escenario crítico en la infraestructura de salud.
En su publicación, Espínola menciona que en el Hospital Ingavi, donde acudió primero el asegurado, los tres electrocardiógrafos disponibles estaban fuera de servicio, mientras que en el Hospital Central, el equipo de hemodinamia falló y se constató posteriormente, que el contrato de mantenimiento venció en diciembre último y el Consejo de Administración, liderado por el doctor Jorge Brítez, no lo renovó.
A esto se suma que la familia del fallecido tuvo que costear materiales básicos debido al desabastecimiento del seguro social. El gasto de bolsillo fue de unos G. 12 millones.
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“¿Es culpa del médico que el Consejo de Administración no firme los contratos de mantenimiento? ¡Claro que no!”, sentenció el diputado.
La grave acusación: manipulación de evidencia digital
El punto más alarmante de la denuncia de Espínola tiene que ver con una presunta auditoría forense informática que habría detectado movimientos irregulares en el expediente de la víctima.
Según el parlamentario, se registraron inserciones, actualizaciones y eliminación de datos en el sistema informático del IPS con posterioridad al fallecimiento de Vázquez. Para el legislador, esto constituye una manipulación de evidencia con el fin de “maquillar” la línea de tiempo y desligar a las autoridades superiores de cualquier responsabilidad legal.
Espínola fue tajante al señalar que la auditoría interna del IPS “hace la vista gorda”. Criticó también que se prioricen gastos en servicios secundarios, como lavandería y fumigación, mientras se desatienden los insumos que salvan vidas.
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“No debemos permitir que este caso se cierre sancionando a un enfermero mientras los verdaderos responsables —los que firman (o no firman) los contratos y manejan el presupuesto— siguen en sus oficinas entre cuatro paredes haciendo negocios con honorarios”, expresó Espínola, exigiendo una auditoría real que llegue hasta la Presidencia del IPS y su Consejo de Administración.