Un reciente acto de discriminación racial que tomó estado público, volvió a poner la lupa sobre el racismo en Paraguay. Este hecho mediático expuso una realidad constante de exclusión que a menudo es minimizada como una broma. El suceso reabrió el debate sobre la necesidad de hacer efectivas las herramientas legales vigentes para castigar conductas que menoscaban la dignidad humana en la sociedad y erradicar este flagelo.
Desde el año 2022, Paraguay cuenta con la Ley N° 6940, diseñada para prevenir y sancionar actos discriminatorios contra afrodescendientes. Esta normativa busca reconocer, valorar y dignificar a una población que ha sido históricamente víctima de discriminación. El proceso para lograr su aprobación fue arduo, enfrentando la negación de autoridades sobre la existencia del racismo. Hoy, esta ley representa el cimiento jurídico para proteger los derechos individuales y colectivos de esta comunidad.
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En 2024, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N° 2915, el cual reglamenta la ley y establece mecanismos para su aplicación. Este decreto designa a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) como el órgano encargado de los sumarios administrativos. Para los promotores de la ley, su reglamentación era una prioridad absoluta para asegurar que la prohibición de la discriminación no fuera letra muerta.
En esta nota te contamos quiénes pueden denunciar estos actos de racismo y cuáles son los procedimientos y sanciones aplicables contra quienes los cometan.
Denuncia
El Decreto N° 2.915 establece en su Artículo 8° que la denuncia puede ser hecha por cualquier persona física o jurídica con interés legítimo. En el Artículo 9°, dice que el procedimiento para realizar la denuncia se inicia tanto de forma presencial, ante la mesa de entrada de la SNC, por nota escrita o a través del portal electrónico de la institución.
La denuncia también puede ser presentada de forma oral, “en cuyo caso se labrará acta en la cual se asentarán las manifestaciones del denunciante”.
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El Artículo 10° establece que las denuncias deben contar con los datos del denunciante, los de la presunta víctima y del denunciado. También debe contener un relato de los hechos denunciados, datos de testigos y las pruebas documentales que se posean. “Si el denunciante no las tiene consigo, debe indicar el lugar preciso donde se encuentran para que la autoridad pueda gestionarlas”, señala la norma.
El Artículo 11° permite la denuncia bajo reserva de identidad. “A solicitud de la parte denunciante, se podrá recibir la denuncia bajo reserva de identidad, la cual será mantenida hasta el dictado de la resolución que ordene la instrucción del sumario administrativo”.
Sanciones
La norma establece, para los infractores, multas económicas que oscilan entre cincuenta (G. 5.575.100) y cien jornales mínimos (G. 11.150.200). El sumario, que garantiza el derecho a la defensa, no puede exceder cuatro meses. En caso de reincidencia, el monto de la multa se duplicará automáticamente (G. 22.300.400). Lo recaudado se destinará a la promoción de políticas públicas de no discriminación.
La norma contempla, sin embargo, la reducción de la multa si el sumariado acepta la falta imputada. Mediante un acuerdo de conciliación con la víctima, el infractor puede beneficiarse con una quita de hasta el 50%. El acuerdo debe ser firmado por ambas partes y aprobado mediante una resolución fundada de la autoridad máxima.
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Además de la multa, la reglamentación contempla medidas de reparación que pueden incluir pedidos de disculpas públicas a satisfacción de la víctima. El infractor también podría ser obligado a asistir a cursos que promuevan la igualdad real y efectiva de personas. Otras acciones incluyen la adopción de protocolos no discriminatorios en empresas o la fijación de carteles de sensibilización.
El decreto señala además que la SNC mantendrá un registro público de los infractores sancionados. Este registro incluirá las denuncias recibidas, los sumarios abiertos y el estado de cumplimiento de las sanciones impuestas. La información será accesible para toda la ciudadanía a través del portal web institucional de la entidad de aplicación.
Proceso legislativo
Guido Medina, uno de los principales impulsores de la Ley 6940, relató a ABC que el camino para el reconocimiento histórico de los derechos de los afrodescendientes fue sumamente difícil. Recordó que, en el Congreso, algunos diputados negaron la existencia de discriminación y minimizaron su cultura. “Algunos dijeron que en Paraguay no existe discriminación racial, que no hacía falta tener una ley, y que ya existe reconocimiento porque bailan lindo”, recordó.
El activista resaltó que la conducta de algunos congresistas solo le confirmó lo que ya había sufrido durante toda su vida, viviendo en carne propia la discriminación que existe contra los afrodescendientes en Paraguay. Como ejemplo, recuerda su paso por la Facultad de Derecho, como estudiante.
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“No es que nosotros queramos hacernos de los ‘pobrecitos’, como dicen, que no superamos un trauma. No, el hecho es que las personas atacan tu dignidad por tener el color de piel, la piel negra y eso está mal. Eso es una discriminación racial”, enfatizó.
Para Medina, esta ley es un avance necesario contra un racismo estructural que busca menoscabar la dignidad humana.
Mujeres afrodescendientes
Araceli Medina, presidenta de la asociación Kuña Afro, organización que busca visibilizar la doble discriminación que sufren las mujeres, describió que el racismo causa un daño psicológico profundo, que a menudo silencia a las víctimas por miedo.
Destacó que su lucha se inspira en el legado de sus antepasados y busca que las nuevas generaciones crezcan seguras. Araceli cuestionó, por ejemplo, que el Estado aún no cuente con estadísticas oficiales de la cantidad de personas afrodescendientes en Paraguay.
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Recordó que en el último censo (2022), sin justificación y sin previo aviso, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no incluyó la posibilidad de que quienes se reconocen como afrodescendientes puedan dejar constancia de ello, para así facilitar la creación de políticas públicas más efectivas.
A pesar de los avances legales, los activistas coinciden en que la ley es solo el comienzo de un largo trayecto. La educación y la inclusión del aporte afrodescendiente en la malla curricular son claves para un cambio social. Mientras la sociedad paraguaya no reconozca su diversidad, los actos de odio seguirán emergiendo en la esfera pública, sin que se llegue al pleno respeto de sus derechos.