Para el abogado Óscar Tuma, la situación que afecta a la comunicadora paraguaya Carmiña Masi, expulsada recientemente del reality show Gran Hermano Argentina, ya cruzó la línea de la opinión pública para convertirse en un hostigamiento.
La comunicadora paraguaya había hecho comentarios calificados como racistas contra una compañera congoleña “Mavinga”. Posteriormente, Masi ofreció sus disculpas personalmente a la afectada y lo hizo públicamente.
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Tuma se dirigió a “periodistas de cuarta” de Argentina, quienes no aceptan las reiteradas disculpas que ya ofreció la paraguaya. Según el abogado, resulta llamativa la “hipocresía” con la que se juzga a Masi, ya que en el vecino país también abundan los casos de discriminación por parte de figuras públicas que no reciben el mismo trato.
En un programa en vivo, Masi hasta se arrodilló pidiendo disculpas, diciendo “qué más quieren que haga. ¿Llorar? Yo no voy a llorar. Ya pedí disculpas", expresó mientras panelistas del programa seguían criticándola.
Ante esta situación, Tuma pidió la Embajada paraguaya en Buenos Aires que tome cartas en el asunto.
Pedido de intervención diplomática
Tuma sostiene que lo que Carmiña está viviendo en Argentina es un “hostigamiento sostenido”. “No se trata solo de una crítica pública, sino de un hostigamiento sostenido contra una compatriota. La paraguaya Carmiña Masi ya pidió disculpas una y otra vez”, sentenció.
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La intención es que la representación diplomática garantice que se respeten los derechos de la paraguaya en medio de un clima social que se volvió sumamente hostil para ella.
Habría una denuncia penal contra Carmiña
El abogado Álvaro Núñez, quien representa a la familia de Mavinga, confirmó que presentaron una denuncia penal contra Carmiña Masi a pedido expreso del marido de la participante afectada.
La situación es delicada porque en Argentina rige la Ley 23592, una norma antidiscriminación promulgada en 1988.
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Esta ley no solo obliga a reparar el daño causado, sino que establece penas de prisión que van desde un mes hasta los tres años para quienes realicen propaganda o participen en actos basados en ideas de superioridad racial o religiosa.
Además, cualquier delito cometido por odio nacional o racial tiene agravantes que aumentan significativamente las penas mínimas y máximas.