Braulio Antonio Vázquez Giménez falleció en enero pasado mientras recibía atención médica en el Instituto de Previsión Social (IPS). Su familia presentó este miércoles una denuncia penal por presunto homicidio culposo ante el Ministerio Público.
La acción, impulsada por su hermano Jaime Alexis Vázquez Giménez, se sustenta en la figura de homicidio culposo, bajo el argumento de que existió incumplimiento del deber de cuidado por parte de los profesionales intervinientes.
Según la presentación, los principales puntos de negligencia incluyen errores en la clasificación de urgencia, falta de equipamiento operativo, carencia de insumos críticos y trabas administrativas que retrasaron la atención.
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Diligencias propuestas por la familia
La familia, además, solicitó una serie de medidas urgentes para el esclarecimiento del caso.
Entre estas diligencias se menciona el allanamiento del Hospital Central para incautar el historial clínico, la realización de una necropsia para determinar la causa exacta de muerte y la posible presencia de sustancias, así como informes técnicos sobre el estado de los equipos de hemodinamia y la identificación de todo el personal interviniente.
Cronología: negligencias médicas y administrativas
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron entre el 26 y el 28 de enero, en medio de una cadena de presuntas negligencias médicas y administrativas.
El lunes 26, el paciente ingresó a la Clínica Ingavi con dolor en el pecho, pero fue clasificado con “Código Verde”, lo que implica baja prioridad, pese a síntomas compatibles con un infarto agudo de miocardio. Además, no se pudo realizar un electrocardiograma inicial debido a fallas en los equipos. Recién a las 21:00 fue trasladado al Hospital Central.
Al día siguiente, martes 27, se indicó un cateterismo urgente. Sin embargo, según la denuncia, los médicos informaron que no había insumos disponibles, por lo que la familia debió adquirirlos por un valor cercano a G. 30 millones. Pese a ello, el procedimiento fue suspendido por la avería de la máquina de hemodinamia.
El miércoles 28 persistieron los inconvenientes técnicos y administrativos, de acuerdo al escrito. El traslado a un centro especializado no se concretó a tiempo y el paciente ingresó a quirófano recién a las 19:00, más de 48 horas después del inicio del cuadro. Posteriormente, falleció.
Cuestionan inacción de la Fiscalía
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien representa a la familia de la víctima, cuestionó que el Ministerio Público no haya iniciado una investigación de oficio tras conocerse el informe de la Superintendencia de Salud.
“Ante la inacción de la Fiscalía, presentamos la denuncia penal y pedimos que se hagan diligencias urgentes, como el allanamiento del IPS para incautar ficha técnica y que se haga una necropsia para buscar si existen restos de morfina para determinar esa circunstancia que es relevante por el desenlace que tuvo”, dijo.
El profesional indicó que el objetivo es esclarecer lo ocurrido a partir de las irregularidades detectadas en el informe oficial.
Informe oficial confirma irregularidades
El informe de la Superintendencia de Salud, citado en la denuncia, señala la existencia de “intervalos temporales relevantes” y deficiencias en la disponibilidad de equipamiento crítico durante la atención del paciente.
Según la defensa, estas observaciones abarcan desde la primera atención en la Clínica Ingavi hasta el fallecimiento en el Hospital Central, lo que refuerza la hipótesis de fallas sistémicas.
Buscan identificar a todos los responsables
El abogado aclaró que la responsabilidad penal no recae sobre la institución en sí, sino sobre los profesionales de la salud que intervinieron en el caso.
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En ese sentido, remarcó que la familia aún desconoce la identidad completa del personal médico y administrativo involucrado, por lo que considera clave el allanamiento del IPS para avanzar en la identificación.
Asimismo, señaló que no se descarta que, conforme avance la causa, la familia impulse eventuales acciones de carácter civil contra la previsional.