El análisis de las planillas oficiales de la Cámara Alta revela una estructura de pagos diseñada para beneficiar al entorno inmediato de la Presidencia. El “megafestín” de 2025 no fue un error administrativo, sino el resultado de una estratégica modificación en la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN).
Al eliminar los topes externos, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez otorgó bonificaciones de hasta el 55% sobre el salario base a directores de su confianza, quebrando la regla general del 30% que rige para el resto del funcionariado público. Para asegurar la paz legislativa, el beneficio se extendió a funcionarios a cargo de diferentes bancadas, convirtiendo al presupuesto en una herramienta de “paz” política.
Algunos privilegiados y ascensos meteóricos
El caso de Fernando Sebastián Rolón Toja, director de Gabinete de la Presidencia, es uno de los más evidentes. De percibir G. 27 millones en 2024, saltó a G. 31,1 millones en 2025. Lo revelador es la composición del pago: su bonificación por responsabilidad (rubro 133) trepó a G. 11 millones, equivalente al 55% de su sueldo base.
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Para el ejercicio 2026, la administración aplicó un “maquillaje” presupuestario reduciendo la bonificación nominal, pero compensaron la diferencia asignándole G. 5,1 millones bajo el concepto de “escalafón”. De este modo, aunque el rubro cuestionado disminuye, el bolsillo del funcionario permanece intacto, evidenciando un traspaso de fondos para mantener los privilegios.
La directora de Senado TV, Melissa Gisela Prieto Meza, es la muestra más clara de una evolución financiera difícil de justificar bajo criterios de carrera civil. De ganar G. 9,1 millones en 2024, sus ingresos se dispararon a G. 23,6 millones en 2025.
Prieto Meza, quien apenas dos años antes era una funcionaria de Diputados comisionada al Senado con un sueldo de G. 4,5 millones, cuadruplicó sus ingresos en coincidencia exacta con la llegada de Núñez a la Presidencia. En 2026, ya como parte de la nómina permanente de la Cámara Alta, su remuneración global escaló nuevamente hasta los G. 26,2 millones.
El uso discrecional de fondos también alcanzó a los operadores en áreas sensibles como Acción Social. Antonio Gómez Cáceres, quien hasta mayo de 2025 cobró G. 5 millones como funcionario del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), pero prestando servicios en la Gobernación de Presidente Hayes, fue nombrado director permanente en el Senado con una remuneración de G. 24,6 millones. El incremento incluyó un sobresueldo inmediato del 50%, un salto proporcionalmente inalcanzable para cualquier técnico de carrera.
Finalmente, el caso de Mirna Elizabeth Guerrero Durand confirma la celeridad del esquema. Ingresó en abril de 2025 como asistente con G. 8,5 millones y, para diciembre, ya percibía G. 17,5 millones tras ser incorporada a la planilla del Congreso con jugosos “plus” por responsabilidad.
De la cafetería a jefatura de eventos
Al igual que en el resto de los casos, la estructura salarial para 2026 fue retocada mediante el rubro de escalafón para blindar el monto total percibido, consolidando así el aumento otorgado durante 2025 cuando se registró la mayor discrecionalidad.
La discrecionalidad en el reparto de los “plus” no se limitó a las altas direcciones; permeó incluso en los servicios operativos de la Presidencia. El caso de Josué David Fleitas González ilustra esta vertiginosa escalada salarial bajo el mando de Basilio Núñez.
Fleitas ingresó a la Cámara Alta en agosto de 2023 con funciones de mozo y un salario de G. 2,6 millones. Sin embargo, su “golpe de suerte” llegó en agosto de 2024, coincidiendo con la asunción de Núñez: fue nombrado jefe de Cafetería de la Presidencia, trepando a una remuneración de G. 6,1 millones.
Para el ejercicio 2025, Fleitas fue promovido a jefe de Eventos de la Presidencia, alcanzando una remuneración de G. 10,4 millones. De ese total, G. 2,4 millones corresponden exclusivamente al rubro de “bonificación por responsabilidad”.
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Esquemas similares de aumentazos se detectaron en las jefaturas de Servicios Gastronómicos y otros puestos a cargo de Núñez (ver info).
Pero, los sobresueldos no fueron exclusivos del cartismo, sino que funcionó como un mecanismo de contención para diversas fuerzas políticas. El análisis de las planillas arroja que asesores, coordinadores y jefes de despacho vinculados a bancadas como Cruzada Nacional, Frente Guasu, Yo Creo y el PLRA también accedieron al cobro de bonificaciones especiales.
El cambio que abrió la canilla al derroche
El Senado, liderado por el cartista Basilio “Bachi” Núñez, abrió a partir de 2025 una canilla para el derroche de recursos públicos bajo el ropaje de sobresueldos por “responsabilidad” y “servicios especiales”. Fue luego de la modificación introducida en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y la cual los funcionarios del Senado y Congreso quedaban exceptuados de los límites establecidos para el cobro de bonificaciones (rubro 133).
Precisamente, Núñez encabezó el reparto con una bonificación propia de G. 21 millones mensuales, beneficio al que se vio forzado a renunciar tras ser expuesto ante la opinión pública. En un intento por aplacar la indignación ciudadana, anunció un proyecto de ley para eliminar estos privilegios en los tres poderes del Estado.
La ingeniería presupuestaria que habilitó este esquema le desangró a los contribuyentes más de G. 17.979 millones, solo en 2025.
Una iniciativa del Senado
El análisis comparativo de las leyes de presupuesto evidencia que el beneficio exclusivo para el Congreso apareció recién en el PGN 2025, coincidiendo con el inicio de la gestión plena de Núñez en la Presidencia del Poder Legislativo.
Mientras que en la Ley Nº 7228 (PGN 2024) este privilegio no existía, en la Ley Nº 7408 (PGN 2025) el texto fue alterado para blindar los sobresueldos, una práctica que se consolidó en el presupuesto del presente año.
Los documentos revelan un dato aún más grave, ya que la modificación no nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni de la Cámara de Diputados, sino del propio Senado.
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Los proyectos originales del Poder Ejecutivo mantenían topes del 30% de sobresueldos para cargos específicos bajo controles generales.
Sin embargo, la Cámara Alta se “autoexceptuó” para otorgar a Bachi superpoderes para repartir millonarios montos de manera completamente discrecional, amparado únicamente en reglamentos internos hechos a medida.