La jueza de Garantías del Tercer Turno de Lambaré Ana María Esquivel dispuso la reapertura de la causa que afrontan el exdiputado colorado Dany Durand Espínola y otros cuatro ex directivos de la empresa Mocipar, por un supuesto esquema de estafa a clientes de la firma, en atención al pedido realizado por los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz y Julio Paredes.
Además la magistrada programó para el miércoles 15 de abril, a las 10:30, la audiencia preliminar para el también ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), acusado de supuesta estafa junto a Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Luz Marina González de Durand, todos ex directivos del Grupo Mocipar.
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En dicha diligencia la jueza de Garantías estudiará la acusación presentada por el fiscal Hernán Galeano, por la supuesta comisión del hecho punible de estafa, luego del plazo de sobreseimiento provisional que tuvieron los procesados en la presente causa penal.
En caso que la causa se remita a la siguiente instancia será el 6° juicio oral para Dany Durand Espínola y otros ex directivos de la empresa Mocipar, a consecuencia del supuesto esquema de estafa que afectó a cientos de clientes de la firma, quienes aportaron por años distintas sumas de dinero sin recibir contraprestación alguna.
Esquema de estafa con Mocipar, según Fiscalía
La presente causa inició con la denuncia presentada por la señora Nelly Del Rosario Palacios Gómez, cliente de Mocipar Propiedades, en contra de los representantes de la firma que ahora son acusados; quienes según los requerimientos conclusivos de la Fiscalía y la querella adhesiva iniciaron en el año 2010 la operativa ilegal en contra de la socia de la firma, con el ofrecimiento de un inmueble y otros bienes, en el programa televisivo “Domingo en Familia”, que era dirigido por el propio Dany Durand.
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Los miembros del directorio del denominado Mocipar Propiedades S.A establecieron una estructura que les permitía conseguir sumas de dinero de forma mensual, de personas que, luego de haber pagado durante años cuotas mensuales y de haber cumplido con creces los círculos establecidos, no recibieron nada a cambio como contraprestación por las sumas de dinero que abonaron, señala parte de la acusación del Ministerio Público y la querella.
“Como la señora Nelly Del Rosario no fue adjudicada, a pesar de que pagó las cuotas hasta el mes de diciembre de 2019, se constituyó en la sede de la empresa a realizar su reclamo, pero de igual forma no recibió ninguna contraprestación ni ningún beneficio”, resalta parte de la acusación presentada por los fiscales Hernán Galeano, Julio Paredes y Julio Ortiz.
Agrega que de esta manera quienes ejercían la representación de la firma Mocipar Propiedades S.A se comprometieron a la entrega de inmuebles o construcción de vivienda, sin embargo, una vez cumplida la condición pactada no concretaron lo acordado.
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Clienta sufrió perjuicio de casi G. 50 millones
En la acusación el Ministerio Público puntualiza que la señora Nelly Del Rosario Palacios Gómez fue engañada, disponiendo su patrimonio, pagado las cuotas asignadas, sin haber recibido nada a cambio, produciéndose de esta forma un daño a su patrimonio.
Al respecto el requerimiento fiscal remarca que los directivo de Mocipar, ahora acusados, no tuvieron la voluntad ni la capacidad económica de cumplir con lo que se habian comprometido, debido a que asumieron obligaciones cuando ya se encontraban en estado de insolvencia patrimonial, circunstancia que indica que eran plenamente conscientes de que no podían cumplir con los compromisos asumidos.
Teniendo en cuenta las documentaciones presentadas por la denunciante, la misma abonó en tres contratos con Mocipar Propiedades, entre los años 2010 y 2019, un total de G. 49.240.000, que es el monto de perjuicio a su patrimonio, ya que no recibió contraprestación alguna.
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El primer juicio que está a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos debió iniciar el 6 de octubre de 2025, pero una de las defensas promovió un recurso que suspendió el juzgamiento y el caso está actualmente a cargo de la Cámara de Apelaciones.