Cáceres explicó que la suba del combustible no solo incide en la movilidad, sino también en el precio del transporte público y de los productos de la canasta básica familiar. En ese contexto, advirtió que las personas que perciben el salario mínimo enfrentarán mayores dificultades para cubrir necesidades esenciales como salud, educación, alimentación y recreación. A su criterio, esta situación refleja una desconexión entre los indicadores económicos oficiales y la realidad cotidiana de la población.
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El abogado también cuestionó las cifras difundidas por el Ejecutivo, que hablan de un crecimiento económico sostenido del 4 % en los últimos años. Sostuvo que dichos datos no se traducen en mejoras concretas para la ciudadanía, que continúa manifestando preocupación por las carencias existentes en distintos puntos del país. En ese sentido, puso en duda los anuncios sobre la reducción de la pobreza y la extrema pobreza, considerando que no se ajustan a la realidad.
Asimismo, afirmó que los beneficios del crecimiento económico parecen concentrarse en sectores cercanos al poder político. Según expresó, integrantes del entorno gubernamental, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, exhiben signos de ostentación en contraste con la situación de la mayoría de la población. Esta diferencia, dijo, evidencia una brecha significativa entre el discurso oficial y las condiciones de vida de la ciudadanía.
Finalmente, Cáceres hizo referencia a declaraciones del ministro de Economía renunciante, Fernández Valdovinos, quien había mencionado la existencia de una “economía de guerra”. Para el dirigente, este concepto sugiere un escenario preocupante, marcado por el endeudamiento acelerado del país. Añadió que este fenómeno suele estar asociado a contextos de despilfarro y corrupción, lo que agrava aún más la situación económica nacional.
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