Esta semana, la defensa de Sebastián Coronel, gestor del espacio cultural La Chispa –ubicado en el microcentro de Asunción- anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad del proceso abierto en su contra por supuesta polución sonora proveniente de ese espacio artístico.
El pasado 31 de marzo, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena a nueve meses de prisión -con suspensión de pena– que le fue impuesta a Coronel en agosto de 2025.
El argumento que la defensa de Coronel plantea es que el Tribunal que lo condenó basó su sentencia en normas derogadas como la ordenanza 183/04 de la Municipalidad de Asunción, que reglamentaba las mediciones de niveles de sonido en base a la Ley de Polución Sonora 1100/97 y que –desde la perspectiva de la defensa- quedó sin efecto al entrar en vigencia la Ley de Ruidos Dañinos que el Congreso Nacional aprobó en 2020.
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La defensa argumenta que la Municipalidad de Asunción incumplió lo que establece la nueva ley, que daba un plazo de seis meses desde su promulgación para que se establezcan los niveles de ruido permitidos en cada ciudad, que deben ser controlados por la Policía Nacional.
Ordenanza estaba vigente en el momento del hecho, según Fiscalía
En comunicación con ABC Cardinal este viernes, la fiscal Elvia Chávez, quien representa al Ministerio Público en el proceso contra Coronel, defendió la condena afirmando que la ordenanza en que se basó la sentencia “estaba vigente en el momento del hecho” y que la Fiscalía “pudo demostrar la participación de este señor con relación al hecho que se investigó”.
Indicó que la Corte Suprema aún no corrió traslado a la Fiscalía de ninguna decisión sobre el caso, por lo que queda pendiente ver qué decide la máxima instancia judicial del país.
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La condena a Coronel hizo que se produjeran varios pronunciamientos de solidaridad hacia La Chispa, incluyendo uno de la Secretaría Nacional de Cultura, que expresó su “rechazo a toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales”.