Desde el 2020 existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en el cual ingresan los padres que deben más de tres cuotas de la prestación alimentaria de sus hijos, a pedido de los progenitores con quienes viven los niños.
Algunas de las restricciones que incluyen el estar en el Redam son la expedición de registros de conducir, las gestiones ante notarios públicos y en caso de que el que fue incluido en la lista de progenitores morosos de Redam contraiga matrimonio civil, el funcionario del Registro del Estado Civil de las Personas encargado de llevar adelante el acto, debe dar a conocer al otro contrayente y los testigos si estuvo o no en el Redam.
Sin embargo, pese a que el Redam es público y cuenta con estas restricciones, los progenitores siguen sin pagar la prestación alimentaria, acumulando deudas millonarias e incluso exponiendose a ordenes de captura emitidas por la Fiscalía, según contó Corintia Ramírez, de la organización Madres Autónomas del Paraguay, quienes realizaron un acto público denunciando estas situaciones, en el marco del Día de la Madre.
“Visibilizar lo que es la mora judicial que es a nivel país, además del desequilibrio que hay entre la responsabilidad que tiene la madre que es de un 100% contra el padre ausente. Tenemos la foto de todos los deudores quienes algunos cuentan con orden de captura a nivel nacional, otros a nivel internacional, fiscales de causas de incumplimiento alimentario que están paradas en la Fiscalía y en el Juzgado, juezas y jueces que no están poniendo celeridad a los casos de los niños”, denunció.
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Buscan visibilizar a deudores alimentarios
Por su parte, Raquel Panizo, de la organización madres guerreras, recordó que la mora judicial es un tipo de violencia que se ejerce de forma institucional. Piden además llegar a través de proyectos para hacer algún tipo de modificación a la ley de la niñez y adolescencia a fin de terminar con la mora judicial.
“Mi caso viene de hace diez años. Él tiene orden de captura. Ademas comercializa las fotos de mis hijos, la familia está totalmente enterada, es familia de abogados. El muestra las fotos de mis hijos y dice que nosotros estamos pidiendo dinero porque mis hijos están en terapia intensiva. Siempre ejerció violencia o me denuncia falsamente por maltrato infantil, siendo que yo soy la única que cuida a mis tres hijos, el nunca. Mis hijos no están internados, es una estafa. Esto ya está en la Fiscalía. No paga la prestación, esta con orden de captura ya”, relató sobre su caso.
Indicó que en su caso, el padre ejerce violencia a través de sus hijos, ya que cuando se le requiere algo o le llega alguna notificación judicial, directamente hace una contrademanda o contradenuncia.
Judith Palavecinos, asesora legal de las organizaciones, contó que están solicitando que el Redam tenga efectos más consistentes y rápidos para las mamás, como prohibición para salir del país, restricción en la obtención de cargos públicos, o del ingreso a espectáculos deportivos y culturales.
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“Esto se regula por la acordada, esto es un manifiesto dirigido directamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque ellos por acordada, por una reunión de los nueve ministros pueden hacerlo, no les cuesta nada, porque es algo legítimo y no afecta el derecho de nadie. Nosotros presentamos esta nota hace tres años y todavía no nos han resuelto, ni conversado ni llamado. Esta es la undécima vez que estamos reclamando lo mismo a través de las redes y ya también por nota que tiene la CSJ”, indicó.
Ley Memby
Mencionó que presentaron también el proyecto de Ley Memby a través del diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Freddy Franco, que plantea la modificación del artículo 189 del Código de la Niñez y Adolescencia para que se haga el descuento por prestación alimentaria a los padres inmediatamente apenas sale la sentencia y no tengan las madres que volver a iniciar ejecución de sentencia o ir a la Fiscalía a denunciar el incumplimiento.
Esto debido a que una de las principales trabas es llegar muchas veces a sentencia, pese a que los juzgados de la niñez son los que, dentro de todo el esquema del Poder Judicial, trabajan más rápido.
“Se tarda en llegar a la asistencia alimentaria, se tarda un año, dos años, en la que también contribuye el progenitor para la demora, por eso que estamos en contra de la modificación que quiere hacer Jatar (Fernández), que quiere que la extinción se de inmediatamente a los 18 años y él no tiene en cuenta que hay niños que están con enfermedades terminales, cumpliendo 18 años, hay chicos que cumplen 18 años en enero, todavía les falta terminar la secundaria. Estamos en contra de eso porque ellos dicen que la mora les perjudica a ellos, que les cuesta mucho la burocracia al pedir eso, pero ellos son los que contribuyen a la mora”, explicó.
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Citó casos como el de una mamá que sus hijas ya tienen 20 años y nunca cobró un guaraní de asistencia alimentaria. También cuotas de G. 300.000 que los padres no pagan, deudas de dos, tres años acumuladas, o de tres o cuatro meses que ya están en el Redam.
Agregó que la inscripción en el Redam también es un trámite demasiado burocrático, porque se debería de hacer de manera telemática con los expedientes electrónicos, por lo que debería ser una cuestión de que el juez habilite un WhatsApp en el juzgado y la madre le da los datos, a fin de corroborar rápidamente, previo informe de contaduría, que el padre está adeudando hace tres meses para automáticamente inscribir en el Redam.
“Pero hoy en día las madres pasan cuatro meses, cinco meses, para la inscripción en la Redam, para que estas mujeres hayan llegado a la Redam fue mucho esfuerzo”, concluyó.