Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero; a Mario Brítez Ruiz Díaz, fue convocada para el próximo 3 de julio, a las 8:30, a fin de llevar a cabo su audiencia de imposición de medidas. Esto en el marco de la causa que investiga el fraude registrado en el Consejo de la Magistratura (CM).
La causa penal en la que se investiga a Librada Peralta se tramita ante el Juzgado Penal de Garantías N° 12 de Francisco Acevedo, quien se encuentra de vacaciones y es interinado por su colega Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
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Cabe precisar que la convocatoria para la diligencia judicial se da luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la haya despojado de su inmunidad, en la sesión del 28 de mayo último. En esa oportunidad, también el pleno del órgano resolvió iniciar un enjuiciamiento de oficio contra la magistrada pedrojuanina.
Por esta misma causa, el fiscal Leonardi Guerrero, quien fue recusado por la supuesta falta de objetividad por la jueza Librada Peralta, y, en consecuencia, el fiscal general Emiliano Rolón designó en forma provisoria a la fiscala Patricia Sánchez. Hasta hoy, esto sigue sin resolverse en el Ministerio Público.
Consejo de la Magistratura denunció fraude en concurso
En la causa abierta por fraude denunciado por el Consejo de la Magistratura (CM), el fiscal Leonardi Guerrero había imputado a Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero; a Mario Brítez Ruiz Díaz, un exmagistrado, y a Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty, por la presunta participación de los mismos en el hecho investigado como autores.
La Fiscalía también imputó como supuesto autor del mismo hecho punible al asistente fiscal de Coronel Oviedo, Adán Fredy Rolón Villareal; mientras que como cómplice se inició la investigación en contra de Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura, y como instigador, y Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial.
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En este caso, el Ministerio Público investiga a los citados y las conductas desplegadas con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, los imputados habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.
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Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de Escuela Judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.
Juez se inhibió de causa por fraude en el Consejo de la Magistratura
La citada causa penal recayó en el Juzgado Penal de Garantías N° 7 a cargo de Miguel Palacios, quien luego de admitir la imputación y procesar a los investigados, se apartó del caso argumentando que existían causales de inhibición en atención a su vinculación con la abogada Vega, que ejerce la defensa de la jueza Peralta.
De esta forma el curso normal de la causa se ve embarrado por una recusación contra el agente fiscal del caso y, también por la inhibición del magistrado que había sido sorteado inicialmente para entender en la causa.
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Tras la inhibición de Miguel Palacios se realizó un nuevo sorteo y la causa recayó esta vez en el Juzgado Penal de Garantías N° 12, que está a cargo de Francisco Acevedo, quien por encontrarse de vacaciones está siendo interinado por su colega Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.