El presidente de la República, Santiago Peña, decidió ayer dejar sin efecto los decretos 5.306 y 5.307 promulgados en enero pasado y modificados en abril, por los cuales la firma multinacional británica Atome PLC iba a recibir una tarifa subsidiada de US$ 30 por megavatio hora (MWh), muy por debajo de lo que se aplica a otras compañías.
El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) asegura que el Poder Ejecutivo se vio forzado a entrar en razón debido a la movilización de los funcionarios y a la presión de la opinión pública.
“Estamos muy satisfechos después de la decisión que tomó el Gobierno. Es una muy buena señal que hayan recapacitado. Nosotros estábamos en reunión con nuestro abogado para ver las siguientes acciones a tomar, cuando nos enteramos de la noticia”, explicó Adolfo Villalba, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande).
Señaló que les tomó por sorpresa esta buena noticia, pues no manejaban esa información o la posibilidad de que se produjera este resultado.
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Villalba expresó que hoy están en un nuevo escenario, porque a la ANDE se le ha devuelto la autonomía para poder buscar el mejor escenario posible para las empresas.
“Siempre dijimos que no estamos en contra que vengan los inversionistas, pero tiene que ser bajo las reglas y sin perjudicar a la institución y al país”, recordó.