El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital confirmó la apertura de juicio oral para la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Irún Ayala, acusada de presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras, ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el departamento de Alto Paraguay, a empresas extranjeras.
La apelación general interpuesta por la defensa de la exmagistrada, integrada por los abogados Gustavo González Planas, Rodrigo González Masulli y Rodrigo González Planas, en contra del Auto Interlocutorio N° 75 de fecha 14 de abril de 2025 dictado por el juez de Garantías interino Osmar Legal, fue rechazada por el Tribunal de Alzada integrado por los camaristas Camilo Torres, José Agustín Fernández y Paublino Escobar.
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Mediante el fallo que ahora se confirma en segunda instancia, Legal había admitido la acusación presentada por la entonces fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca y ratificada en audiencia preliminar por los fiscales Silvia González y Christian Benítez; así como por el Abg. Osvaldo Bittar, querellante en representación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).
En la primera audiencia preliminar de la presente causa, realizada el 20 de agosto de 2024, el juez de Garantías Yoan Paul López había elevado a juicio oral el caso contra Tania Irún Ayala. Sin embargo, en noviembre de 2024 el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, anuló de oficio la resolución y ordenó la preliminar.
Argumentos para ratificar juicio a Tania Irún
En el escrito de apelación la defensa afirma que el juez de Garantías Osmar Legal rechazó de manera infundada el incidente de sobreseimiento definitivo de la acusada; a lo que el camarista Camilo Torres respondió que el auto de apertura a juicio oral se encuentra debidamente fundado, puesto que el juzgado realizó un explicación precisa, clara y motivada sobre la razón de sus decisiones.
“Los argumentos expuestos por la defensa no poseen un solo respaldo normativo que haga a su pretensión, ya que se basa en cuestiones diversas, como una omisión de averiguaciones, que la resolución fue confirmada por Cámara de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, hecho punible de resultado, violación de la ley fronteriza, delito, entre otras cuestiones; más no observamos la determinación concreta y precisa de que elementos esenciales de la acusación se han incumplido”, resaltó Torres en su voto.
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A su vez el camarista Paublino Escobar, luego de analizar los argumentos de la defensa, concluyó que la afirmación de que no se configura el tipo penal de prevaricato, así como la discusión acerca de si se trata de un delito de resultado o de peligro; excede claramente el ámbito de control del juez de Garantías en esta etapa, debiendo ser el Tribunal de Sentencia el encargado de valorar las pruebas a los efectos de determinar si quedo probado la comisión del hecho punible investigado.
Por su parte, el camarista José Agustín Fernández consideró como “evidente” que en la resolución apelada el juez de Garantías analizó los incidentes planteados por las partes y, conforme a las disposiciones procesales, resolvió las mismas conforme a derecho. Agregó que Legal dispuso correctamente la apertura de la causa a juicio oral y público, pues, es en ese momento donde se podrá discutir y confrontar todas las pruebas debidamente ofrecidas y admitidas para dirimir el conflicto suscitado.
Tania Irún “violó y tergiversó el derecho”, según fiscalía
La acusación presentada por la fiscal adjunta Soledad Machuca señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.
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En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.
Según la hipótesis fiscal, la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juzgado a cargo del caso.
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Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en noviembre de 2021. Los camaristas que ratificaron la sentencia en segunda instancia, también fueron denunciados ante el JEM, pero terminaron absueltos por el colegiado.