Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colorado Añeté, dio hoy una conferencia de prensa en la ciudad de San Ignacio, Misiones —donde desarrolla una serie de actividades políticas— , para referirse al fallido proyecto del Metrobús.
Esta semana se dio a conocer que el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, fue sobreseído definitivamente del proceso penal vinculado a esta obra, tras una solicitud del Ministerio Público, que decidió recular respecto a las acusaciones que había planteado inicialmente.
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En un giro inesperado, la Fiscalía pidió la exclusión del exfuncionario cartista y formuló imputaciones contra Wiens, su sucesor en el Ministerio de Obras.
En ese contexto, el precandidato manifestó que, a su criterio, la Justicia actúa en favor de ciertos sectores y aplica un trato discriminatorio contra quienes piensan distinto al actual Gobierno.
“La Justicia está demostrando estar del lado de los amigos y aplicando un garrote político a todos aquellos que no piensan igual a quienes están hoy en el poder. Realmente, el caso del Metrobús es muy complejo y constituye un proyecto fallido desde sus inicios”, señaló Wiens.
Explicó además que, al asumir al frente del Ministerio de Obras Públicas, el primer documento oficial que recibió fue una nota de la empresa Mota-Engil, mediante la cual comunicaba la suspensión de los trabajos del Metrobús.
“Cuando yo asumí como ministro, esa obra ya estaba paralizada. Aun así, hicimos todo el esfuerzo posible para revertir esa situación, pero no fue viable”, agregó.
Detalló que la firma contratista no cumplía con los requisitos indispensables, entre ellos la vigencia de la póliza de seguro, una obligación contractual ineludible para cualquier empresa que mantenga vínculos con el Estado.
“Por ello, hicimos uso de las atribuciones del Ministerio para hacer efectivos los seguros correspondientes, lo cual derivó en la rescisión del contrato”, indicó.
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Ante esa decisión, el caso llegó hasta un arbitraje internacional. El fallo definitivo e inapelable fue claro al reconocer que el Estado paraguayo actuó correctamente al dar por terminado el vínculo contractual por la falta de renovación de la garantía exigida a la empresa, dijo.
“Tengo la conciencia absolutamente tranquila por haber actuado con rectitud en mi rol de ordenador de gastos y ministro de Obras Públicas. La nota de preaviso que presentó la compañía venía acompañada de un expediente de unas 150 páginas, a través del cual reclamaba al Ministerio el pago de 22 millones de dólares por trabajos que nunca se realizaron”, manifestó Wiens.
“Como paraguayo y custodio de los bienes del Estado, jamás iba a autorizar ni firmar el desembolso de dinero por algo que no se ejecutó. El pueblo paraguayo merece conocer la verdad y saber que las autoridades tienen la obligación indelegable de resguardar cada guaraní y cada dólar que pertenecen a toda la ciudadanía”, agregó.
El pedido de sobreseimiento definitivo en favor de Ramón Jiménez Gaona fue presentado ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, por los fiscales Yeimi Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva.
Imputación contra Arnoldo Wiens por caso metrobús
En un giro dentro de la causa Metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Adle, Grisetti y Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018.
El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40 por ciento. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.
Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “acta de entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.
El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.