Al inicio del juicio oral las defensas de Armando Gómez (PLRA), ex intendente de Lambaré; y los otros acusados, así como la querella adhesiva, presentaron incidentes de inclusión y exclusión de varias pruebas, nulidad parcial de la acusación, prescripción de algunos de los hechos punibles acusados y una excepción de incompetencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juzgamiento.
Por su parte el fiscal del Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez no presentó incidente alguno, y deberá contestar los planteamientos de las demás partes, en la siguiente audiencia del debate oral.
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El inicio del presente juicio oral se postergó en cuatro ocasiones, desde diciembre de 2025, por distintos motivos. La última reprogramación se dio el pasado martes (23 de junio), debido al reposo médico del acusado Rodrigo Javier Portillo Chirife.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Elsa García y Matías Garcete programó la continuidad del debate oral para este miércoles (1 de julio), a las 11:30, con la contestación de Fiscalía y la querella a los incidentes planteados por las defensas.
Hipótesis fiscal contra Armando Gómez
Junto a Gómez están acusados el exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda, por presunto hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal; el exjefe del Departamento de Tesorería Rodrigo Javier Portillo Chirife, el exfuncionario del Departamento de Gestión Tecnológica Ricardo Ronald Ricciardi y el exdirector interino de Gestión Tecnológica Edgar Iván Villalba Torreblanca.
La acusación del Ministerio Público en contra de estos es por la supuesta comisión de los hechos punibles de hurto, alteración de datos relevantes para la prueba, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal.
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De acuerdo con la teoría plasmada en la acusación por el fiscal de Delitos Económicos Francisco Cabrera, las anulaciones irregulares de facturas por pagos de impuestos se dieron entre el 24 de enero y el 25 de octubre de 2019.
El plan consistía en que Rodrigo Javier Portillo Chirife, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda quien, conforme al plan diseñado con el entonces intendente Armando Ramón Gómez Arévalo, le señalaba a Rodrigo Javier Portillo Chirife los montos que tenían que ser sustraídos por día, para que este a su vez, le pase dichos montos a Edgar Iván Villalba Torreblanca, a fin de que proceda a anular facturas en el sistema informático.
Presunto esquema de anulación de facturas
El Ministerio Público afirma en el requerimiento conclusivo que el esquema logró anular un total de 6.390 facturas de pago de impuesto por un valor de G. 9.317.065.062, que sería el monto del perjuicio que sufrió la institución municipal en el año 2019.
Según la acusación del Ministerio Público (MP) estas anulaciones se realizaban de la siguiente manera: al realizar el pago correspondiente, al contribuyente se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto y/o servicios en las cajas habilitadas, posteriormente, fuera del horario laboral, se anulaba el comprobante en el sistema informático por usuarios que poseían el permiso para realizar dicha operación, por lo que el importe de estos no ingresaba a las arcas municipales.
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Al respecto la Fiscalía sostiene que, si bien existen casos justificados donde pueden ser anulados los comprobantes, estos ser realizados al momento mismo, en presencia del contribuyente, con una causa debidamente justificada y por los funcionarios habilitados para el efecto.
En estos casos, la anulaciones eran irregulares, ya que no cumplían con lo establecido en las reglamentaciones referente a los procesos de anulación de comprobantes de ingresos eran realizadas por usuarios que no deberían tener dichos privilegios, en otras ocasiones usuarios inexistentes y en horarios no habilitados, fuera del horario laboral y varios días posteriores a su emisión.
Retrasos en los depósitos de recaudaciones
La acusación fiscal agrega que como está operativa tomaba su tiempo, puesto que no todos los pagos se realizaban en efectivo, ya que algunos contribuyentes pagaban con cheques o con tarjeta, se requería de varios días para ordenar esta falsa contabilidad, se realizaban retrasos desmedidos en los depósitos de las recaudaciones del municipio.
Es decir, los depósitos se realizaban por sobre el tiempo estipulado en la ley y las reglamentaciones, para que así, el Departamento de Tesorería a cargo del ahora acusado Rodrigo Javier Portillo Chirife acumulara varios días de depósitos y pueda conciliar lo existente en las arcas menos los montos anulados a fin de que coincidan los montos rendidos y depositados, de acuerdo con la acusación fiscal.
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Posteriormente, Portillo Chirife realizaba los depósitos en las cuentas bancarias del municipio, muchas veces, depositando en distintos días, montos que se correspondían a una sola jornada, sin respetar lo que exige la ley y lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad.